Junta de Supervisión concluye que suspensión de la crudita carece de fondos y viola PROMESA
La carta enviada al representante Héctor Ferrer Santiago sostiene que una medida para suspender el arbitrio a la gasolina y el diésel no identifica fuente de financiamiento sostenible y requeriría una reprogramación presupuestaria que aún no ha sido solicitada.
Por Metro Puerto Rico
La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) concluyó que la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que proponía suspender durante 45 días el arbitrio sobre la gasolina y el diésel conocido como la “segunda crudita”, es incompatible con el Plan Fiscal certificado y con la ley federal PROMESA, al no contar con una fuente de financiamiento identificada para sustituir los ingresos que dejaría de recibir el gobierno.
La determinación coincide con la postura expresada a principios de junio por la mayoría legislativa, que divulgó un análisis preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) según el cual suspender la segunda crudita tendría un impacto fiscal de $217.4 millones durante el año fiscal 2027. Ese mismo informe estimó que una moratoria de 45 días tendría un costo cercano a los $30 millones, cifra superior a los $19.1 millones que habían utilizado algunos sectores para promover la medida.
En una carta enviada este lunes al portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, la Junta indicó que la resolución que pretendía compensar la pérdida de recaudos mediante reprogramaciones de sobrantes de nómina y reducciones en gastos gubernamentales, no tenía certeza de que esos fondos realmente estuviesen disponibles.
El organismo añadió que actualmente evalúa más de 200 solicitudes de reprogramación presupuestaria del Gobierno, lo que pone en duda la disponibilidad de los recursos identificados en la medida. También recordó que el presupuesto del año fiscal 2027 enfrenta riesgos adicionales, entre ellos el posible “Medicaid Fiscal Cliff”, que podría reducir aún más cualquier superávit disponible.
“La medida afecta el presupuesto del Estado Libre Asociado porque reduciría los ingresos contributivos sin proveer una compensación fiscalmente responsable y sostenible”, sostuvo la Junta en su análisis preliminar.
Además, la JSF advirtió que también implicaría una violación de la Sección 204(c) de PROMESA, ya que cualquier reprogramación presupuestaria requiere una certificación previa de la Junta de que es consistente con el Plan Fiscal y el presupuesto certificado. Según la carta, hasta el momento no ha recibido una solicitud de reprogramación relacionada con esta medida.
La segunda crudita fue establecida en 2015 como parte de las medidas dirigidas a atender la situación fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación y continúa formando parte de los ingresos recurrentes del gobierno.
