Junta rechaza el presupuesto propuesto por la UPR y cuestiona cómo financiará el sistema de retiro
El organismo fiscal emitió un nuevo aviso de violación contra el presupuesto universitario apenas dos semanas después de descartar el plan fiscal sometido por la institución.
Por Metro Puerto Rico
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) volvió a rechazar uno de los principales documentos financieros de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al concluir que el presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 no cumple con el plan fiscal certificado ni demuestra cómo la institución financiará las obligaciones de su sistema de retiro.
La determinación surge apenas dos semanas después de que el organismo federal descartara las correcciones sometidas por la universidad a su plan fiscal e impusiera una versión elaborada por la propia Junta.
Ahora, mediante un nuevo aviso de violación emitido el 18 de junio, la JSF determinó que el presupuesto sometido por la UPR el pasado 10 de junio tampoco cumple con los requisitos de PROMESA y ordenó a la institución y al gobierno corregirlo antes del 24 de junio.
“La Junta determinó que el presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 de la Universidad de Puerto Rico no cumple con el Plan Fiscal Revisado Certificado de 2021 para la UPR ni con el Plan Fiscal Certificado del Gobierno Central”, indicó el organismo.
FOMB - Letter - Governor - UPR FY2027 Budget Notice of Violation - June 18, 2026 by Aiola Virella
El retiro vuelve al centro de la controversia
El señalamiento más serio contenido en la carta gira en torno al sistema de retiro universitario.
Según la Junta, la universidad presupuestó $132.7 millones para aportaciones al sistema de pensiones, la misma cantidad contemplada para el año fiscal 2026, pero no incluyó los costos adicionales asociados a mantener vigente la estructura actual del plan de beneficios definidos.
La Junta recordó que el plan fiscal certificado exige congelar la acumulación futura de beneficios del sistema de retiro o, en su defecto, identificar ingresos recurrentes adicionales o reducciones de gastos suficientes para cubrir el costo de mantener el sistema actual.
Sin embargo, sostuvo que la UPR no demostró cómo financiará esas obligaciones adicionales.
“El presupuesto propuesto no demuestra que las obligaciones del sistema de retiro bajo la estructura actual estén adecuadamente financiadas”, concluyó la Junta.
El señalamiento ocurre apenas horas después de que la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, reiterara públicamente que la sostenibilidad financiera de la institución puede alcanzarse sin afectar a los pensionados y defendiera la capacidad de la universidad para generar nuevas fuentes de ingresos.
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También cuestionan los $60 millones adicionales
La Junta también objetó que la universidad incorporó dentro de sus proyecciones una asignación extraordinaria de $60 millones incluida en la propuesta presupuestaria que evalúa la Asamblea Legislativa.
Aunque el organismo no descartó la posibilidad de que esos fondos sean aprobados, insistió en que deben identificarse como una asignación no recurrente separada de los ingresos permanentes de la institución.
La observación cobra relevancia porque Jordán compareció esta semana ante la Legislatura para insistir en la necesidad de recursos adicionales para la universidad, incluyendo una asignación estimada en $118 millones para implantar un plan de clasificación y retribución para empleados no docentes.
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Gastos sin suficiente justificación
La Junta también cuestionó múltiples partidas presupuestarias por entender que la universidad no presentó suficiente documentación para justificar los aumentos proyectados.
Entre ellas figuran aumentos de:
- $10.4 millones en materiales y suministros;
- $4.8 millones en servicios contratados;
- $11.8 millones vinculados a subvenciones federales y donativos;
- $8.6 millones en facilidades y servicios públicos;
- y otros $8.6 millones en gastos operacionales.
El organismo exigió información adicional, metodologías y documentación que sustente las proyecciones utilizadas por la universidad.
La nueva determinación representa el segundo revés consecutivo para la administración universitaria en menos de un mes.
El pasado 5 de junio la Junta rechazó las correcciones sometidas al plan fiscal de la institución y optó por certificar una versión preparada por el propio organismo, al concluir que la propuesta presentada por la UPR y el gobierno no cumplía con los requisitos de PROMESA.
