Escala choque entre La Fortaleza y Sebastián Negrón

La disputa se intensificó luego de que Domenech presentara declaraciones juradas ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental en las que acusa a Negrón Reichard de incurrir en múltiples conflictos de interés relacionados con clientes del bufete Reichard & Escalera, firma de abogados encabezada por su abuelo, Héctor Reichard de Cardona. Los documentos alegan que las actuaciones del exsecretario beneficiaron a cinco clientes de la firma con más de $74 millones en incentivos económicos.

Horas después, Negrón Reichard respondió acusando a La Fortaleza de intentar desacreditar las denuncias que él mismo presentó sobre presuntas irregularidades dentro de la administración.

El exfuncionario sostuvo que las alegaciones son falsas y forman parte de una campaña de presiones e intimidación surgida luego de que levantara preocupaciones sobre decisiones gubernamentales. También afirmó que no utilizó su cargo para favorecer intereses privados y aseguró que ni él ni su familia se sienten intimidados.

Mientras tanto, Domenech defendió públicamente sus acciones y aseguró que advirtió en múltiples ocasiones a Negrón Reichard que debía inhibirse de asuntos relacionados con clientes del bufete de su abuelo. Según el secretario de la Gobernación, las denuncias fueron producto de una investigación iniciada tras varias controversias ocurridas dentro del DDEC durante la primavera.

La controversia también abrió un nuevo frente en el Senado.

El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, invitó públicamente a Domenech a declarar en la investigación legislativa autorizada mediante la Resolución del Senado 548 y planteó la posibilidad de conceder inmunidad a cualquier persona que aporte evidencia de corrupción.

Paralelamente, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente confirmó la designación de fiscales especiales independientes para investigar a los exfuncionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos Norberto Almodóvar y Charlene Neuman.

El caso también provocó reacciones del sector privado.

La Asociación de Industriales de Puerto Rico advirtió que las pugnas públicas entre funcionarios podrían afectar la certeza jurídica y la confianza de inversionistas locales y extranjeros. La organización reclamó que los programas de incentivos económicos y las estrategias de desarrollo industrial no se conviertan en herramientas de disputas políticas.

Por su parte, el bufete Reichard & Escalera rechazó los señalamientos de La Fortaleza y defendió su participación en la representación legal de empresas acogidas a programas de incentivos contributivos, insistiendo en que sus gestiones se han realizado conforme a la ley y a los cánones éticos de la profesión.

La controversia incluso se trasladó a las redes sociales, donde familiares y allegados de Negrón Reichard comenzaron a difundir mensajes de respaldo bajo la etiqueta #EstamosConSeba. Algunas publicaciones incluyeron mensajes directos contra Domenech y llamados a respaldar al exsecretario mientras continúan las investigaciones.