ACLU celebra fallo del Primer Circuito y anticipa reactivación de casos paralizados por PROMESA

La determinación representa una derrota para la Junta de Supervisión Fiscal, que había apelado una orden de la jueza federal Laura Taylor Swain para intentar mantener paralizadas las reclamaciones presentadas por Jonathan Hernández Zorrilla y Yadira Carrasquillo González, quienes alegan haber sido víctimas de uso excesivo de fuerza durante una manifestación celebrada en San Juan el 1º de mayo de 2018.

Tras conocerse la decisión, la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, sostuvo que el fallo reafirma la vigencia de las protecciones constitucionales en la Isla.

“Celebramos la determinación del panel de jueces en Boston como una victoria para los derechos civiles en Puerto Rico, conscientes de que la propia existencia y permanencia de la Junta de Control Fiscal constituye de por sí una violación a los derechos de todos los puertorriqueños. La Junta pretende que Puerto Rico sea una zona libre de derechos civiles. La Corte Apelativa rechazó esa visión y desde la ACLU de Puerto Rico continuaremos vigilantes para que PROMESA no desplace ni erosione garantías constitucionales”, expresó Martínez Orabona.

La directora ejecutiva añadió que la decisión podría tener repercusiones más allá del caso de Hernández Zorrilla y Carrasquillo González.

“Lo que debe ocurrir ahora es la continuación de un sinnúmero de casos, como el de Yadira y Jonathan, que han estado paralizados bajo el pretexto de PROMESA”, sostuvo.

Por su parte, el director legal de la organización, Fermín Arraiza Navas, afirmó que la decisión valida los argumentos presentados por la ACLU ante el foro apelativo.

“La decisión del Apelativo es cónsona con nuestra postura en cuanto a que PROMESA no puede servir de escudo para funcionarios y exfuncionarios que enfrenten reclamaciones personales por abusos de poder y violaciones de derecho. Defender esa línea ante el Primer Circuito es defender la vigencia de los derechos civiles y el acceso a la justicia, y el panel de jueces lo validó con su determinación”, indicó.

En términos similares se expresó el licenciado Steven Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien tuvo a su cargo la argumentación oral ante el Primer Circuito en colaboración con la ACLU.

“Lo que ha estado en juego en este caso es un principio fundamental de rendición de cuentas y el hecho de que ningún funcionario público pueda esconderse detrás de PROMESA para evadir responsabilidad personal por violaciones de derechos civiles. La crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico no puede convertirse en una licencia para la impunidad y la Junta no debe insistir en su intento eliminar la posibilidad de que las personas reclamen ante la violación de sus derechos”, manifestó.

La semana pasada, el Primer Circuito concluyó que las reclamaciones contra funcionarios y empleados públicos demandados en su carácter personal no fueron descargadas por el Plan de Ajuste de la Deuda y, por tanto, pueden continuar en los tribunales. El panel determinó además que extender esas protecciones a funcionarios individuales equivaldría a conceder una liberación de responsabilidad a terceros que no fue contemplada en el acuerdo de reestructuración aprobado bajo PROMESA.