LUMA recurre al Negociado para detener límites a gastos legales
La empresa solicita suspender el tope de $750 por hora para abogados externos y recuperar gastos vinculados al proceso de quiebra de la AEE, mientras un grupo interventor pide que se descarte la petición.
La controversia en torno a la nueva tarifa eléctrica aprobada por el Negociado de Energía de Puerto Rico sumó la semana pasada un nuevo capítulo, luego de que LUMA Energy solicitara suspender temporalmente varias disposiciones de la orden tarifaria mientras se atiende su petición de reconsideración, una movida que provocó una rápida objeción de uno de los grupos interventores en el caso.
En una moción radicada el 10 de junio, LUMA pidió al Negociado que deje sin efecto provisionalmente dos determinaciones incluidas en la orden emitida el pasado 15 de abril: el límite de $750 por hora para los honorarios de abogados externos y la decisión de impedir que la empresa recupere costos asociados a los procesos de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo Título III durante el año fiscal 2026.
La empresa argumentó que ambas medidas podrían afectar su capacidad para cumplir obligaciones contractuales, regulatorias y legales mientras el Negociado evalúa la moción de reconsideración presentada el pasado 5 de mayo.
Tope a abogados y gastos de quiebra
Según LUMA, el límite impuesto a los honorarios legales dificulta la contratación y retención de abogados especializados para atender litigios complejos, incluyendo pleitos colectivos, procedimientos regulatorios y asuntos relacionados con la reestructuración de la deuda de la AEE.
La empresa también sostiene que continúa participando activamente en procesos vinculados al caso de Título III de la AEE, incluyendo requerimientos de información, descubrimiento de prueba y otros procedimientos judiciales derivados de la quiebra de la corporación pública.
Por ello, solicitó autorización para continuar utilizando abogados externos sin estar sujeta al tope de $750 por hora y para acceder a los fondos presupuestados para cubrir gastos relacionados con Título III durante el año fiscal 2026 mientras se resuelve la reconsideración.
ICSE pide excluir la moción
Menos de 24 horas después, el Institute of Competitiveness and Economic Sustainability respondió con una moción en la que solicita al Negociado excluir del expediente la presentación de LUMA o, en la alternativa, permitir que las demás partes puedan responder formalmente a sus planteamientos.
ICSE argumenta que el Negociado ya había ordenado el pasado 18 de mayo que no se aceptarían escritos adicionales, réplicas o nuevas presentaciones sin autorización expresa, luego de tomar bajo asesoramiento las distintas mociones de reconsideración radicadas por las partes.
Según el grupo interventor, gran parte del escrito presentado por LUMA repite argumentos que ya habían sido incluidos en la reconsideración sometida el 5 de mayo, por lo que constituye una nueva solicitud de reconsideración presentada sin permiso del regulador.
ICSE también adelantó que, si el Negociado decide considerar la petición de LUMA, solicitará la oportunidad de oponerse formalmente.
Entre otros argumentos, cuestiona que la empresa no haya demostrado que los gastos legales cuya recuperación busca beneficien directamente a la AEE o a los abonados del sistema eléctrico. Asimismo, plantea dudas sobre posibles conflictos entre los intereses que LUMA defiende en algunos litigios y los intereses de los consumidores.
La organización también sostiene que LUMA no identificó obligaciones procesales específicas que quedarían desatendidas si el Negociado mantiene vigentes las restricciones impuestas en la orden tarifaria.
El Negociado todavía evalúa varias solicitudes de reconsideración contra la nueva tarifa eléctrica, que rechazó un aumento en los ingresos solicitados por LUMA, Genera PR y la AEE, y estableció cambios en la estructura tarifaria que entrarán en vigor el próximo 1 de julio.
