Gobierno pausa acciones de desalojo contra comerciantes ambulantes en la PR-129 y PR-100
El DTOP dijo que revisará reglamentos y coordinará alternativas para el uso del derecho de vía estatal
Por Metro Puerto Rico
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informó este sábado que dejó sin efecto las cartas emitidas a comerciantes ambulantes ubicados en la carretera PR-129 y PR-100, quienes habían recibido notificaciones de reubicación y desalojo.
A través de un comunicado de prensa, la entidad aseguró que la determinación tiene el propósito de revisar los reglamentos, las bases legales y los procedimientos aplicables al uso del derecho de vía estatal. Asimismo, indicó que buscan “coordinar con los municipios la identificación de alternativas viables que permitan atender este asunto de manera ordenada, segura y conforme a la ley”.
Sin embargo, la agencia aclaró que dejar sin efecto las cartas no constituye una autorización para ocupar el derecho de vía estatal ni limita la responsabilidad del DTOP de proteger la seguridad vial.
“La agencia reconoce la realidad económica de muchas familias que dependen de estos negocios y la importancia de atender el asunto con sensibilidad, coordinación intergubernamental y respeto al debido proceso de ley. El objetivo es buscar un balance responsable entre la seguridad vial, el cumplimiento con las normas aplicables, la ejecución de obras públicas necesarias y el respeto a quienes trabajan todos los días para sostener a sus familias. El DTOP continuará actuando con responsabilidad, sensibilidad y conforme a la ley, y que toda acción futura se tomará luego de la evaluación correspondiente y en coordinación con las partes pertinentes”, precisó la entidad.
Según se informó, la medida permite realizar una “evaluación adicional, coordinar con los municipios y atender cada situación de manera responsable”.
El DTOP también informó que la situación relacionada con el vendedor Pedro “Pello” Santiago, en la carretera PR-7722, responde a circunstancias distintas a las comunicaciones emitidas en la PR-129 y la PR-100.
“Ese asunto continuará siendo evaluado conforme a la reglamentación aplicable y tomando en consideración aspectos de seguridad vial, acceso y uso adecuado de las áreas bajo jurisdicción estatal”, agregó.
Santiago es un agricultor y dueño de la “Finca Los Pellos”. El comerciante encabeza un movimiento y caminatas a lo largo de Puerto Rico en protesta contra las órdenes de desalojo y reubicación emitidas por el DTOP.
Las comunicaciones habían sido emitidas como parte de procesos relacionados con proyectos de infraestructura en ambas vías. En la PR-129 se contemplan trabajos de repavimentación, mientras que en la PR-100 se ejecuta un proyecto de ensanche dirigido a mejorar la seguridad vial y el flujo vehicular.
“El DTOP tiene la responsabilidad de proteger la seguridad en las carreteras estatales y velar por el uso adecuado del derecho de vía. Los paseos y márgenes de las carreteras cumplen funciones importantes para la seguridad vial, incluyendo visibilidad, acceso, respuesta a emergencias y espacio operacional para obras y mantenimiento”, sostuvo la entidad.
Urgen establecer reglamento para los negocios ambulantes
Por su parte, la representante Estrella Martínez Soto solicitó al DTOP establecer un reglamento uniforme para los negocios ambulantes que operan en áreas cercanas a las carreteras estatales.
La legisladora sostuvo que la decisión del DTOP de pausar las intervenciones contra estos comerciantes mientras se revisa la reglamentación vigente, valida los planteamientos contenidos en la Resolución Concurrente de la Cámara 358.
“Como expresé a través de la Resolución Concurrente de la Cámara 358, urge establecer un reglamento uniforme relacionado con la operación de los negocios ambulantes. La decisión del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González, de pausar las intervenciones con los negocios ambulantes hasta que se analice el reglamento para estos fines, valida lo expresado en la pieza legislativa”, expresó Martínez Soto.
La representante indicó que la propuesta busca garantizar tanto la continuidad de las operaciones de este sector comercial como la seguridad vial en las carreteras del país.
Asimismo, señaló que es necesario encontrar un balance entre la reglamentación aplicable a vendedores ambulantes y pequeños comerciantes y la responsabilidad del gobierno de proteger a los ciudadanos que transitan por las vías públicas.
Martínez Soto reiteró que la política pública debe procurar la protección de la vida y la propiedad sin afectar de forma injustificada las oportunidades económicas de las familias que dependen de estos negocios para su sustento.
“Le toca al DTOP establecer un diálogo transparente y ordenado que salvaguarde a todas las partes involucradas”, afirmó la legisladora.
