Gobernadora firma varias leyes; una de ellas regula uso de inteligencia artificial en propaganda y comunicaciones electorales
Además, extendió hasta el 2030 los incentivos contributivos de la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras
La gobernadora Jenniffer Aydin González Colón firmó tres medidas relacionadas con transparencia electoral, desarrollo laboral e incentivos económicos para Río Piedras.
La primera ejecutiva convirtió en ley el Proyecto del Senado 101, ahora Ley 105-2026, que regula el uso de inteligencia artificial en propaganda y comunicaciones electorales. La medida exige que todo anuncio político creado o modificado total o parcialmente mediante inteligencia artificial incluya una divulgación clara que informe al público sobre su origen.
La ley enmienda la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas y el Código Electoral para incorporar definiciones sobre inteligencia artificial y establecer requisitos de divulgación en medios tradicionales y digitales. La legislación busca atender el aumento en el uso de herramientas capaces de generar contenido digital realista y reducir riesgos asociados a la desinformación durante los procesos electorales.
Además, González Colón firmó el Proyecto del Senado 209, ahora Ley 106-2026, que actualiza la estructura de desarrollo laboral de Puerto Rico y oficializa el nombre de “Conexión Laboral” para el programa adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La medida armoniza la legislación local con la ley federal Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA), fortalece la participación del sector privado y promueve una mayor coordinación entre agencias, municipios y organizaciones laborales para atender las necesidades del mercado de empleo.
Por último, la gobernadora firmó la Ley 107-2026, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 los incentivos contributivos de la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras.
La legislación mantiene beneficios relacionados con la rehabilitación de propiedades, nuevas construcciones, establecimiento de negocios y creación de empleos. También incorpora requisitos de orientación comunitaria para empresas beneficiadas y capacitación para empleados públicos encargados de evaluar solicitudes de incentivos, con el fin de agilizar y uniformar la aplicación de la ley.
