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title: "Alertan sobre medidas legislativas que amenazan derechos LGBTQ+"
description: "La ACLU denunció al menos ocho proyectos legislativos desde 2025, de los cuales tres ya se convirtieron en ley"
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section: "Noticias"
subsection: "Locales"
author: "Metro Puerto Rico"
published: "2026-06-06T14:50:50.198Z"
updated: "2026-06-06T14:51:17.854Z"
tags: ["Puerto Rico", "LGBTQI+", "Derechos Humanos", "destacado"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Alertan sobre medidas legislativas que amenazan derechos LGBTQ+

_La ACLU denunció al menos ocho proyectos legislativos desde 2025, de los cuales tres ya se convirtieron en ley_

Por Metro Puerto Rico · Noticias / Locales · 2026-06-06T14:50:50.198Z

El **Capítulo de Puerto Rico** de la **Unión Americana de Libertades Civiles** (ACLU, por sus siglas en inglés) alertó este sábado sobre varias medidas legislativas que se mantienen activas y que atentan o pueden atentar contra derechos de las personas LGBTQ+ en el archipiélago.

La entidad denunció que, desde enero de 2025, **se han radicado al menos ocho medidas que atentan contra derechos de las comunidades LGBTQ+**, de los cuales tres se han convertido en ley y otros cinco proyectos que siguen activos.

A través de un comunicado de prensa, la organización explicó que, del total de ocho medidas, las tres que se han convertido en ley son el **Proyecto del Senado 350**(Ley 63-2025), el **Proyecto del Senado 1**(Ley 14-2025) y el **Proyecto de la Cámara 165**(Ley 26-2026).

En el caso de la **Ley 63-2025**, el ente aseguró que criminaliza a profesionales de la salud y a madres, padres y encargados al intentar prohibir tratamientos médicos de **afirmación de género** para personas menores de 21 años, creando dos categorías distintas de hijas e hijos según su identidad de género.

Sobre la **Ley 14-2025**, advirtió que, aunque la libertad religiosa es un derecho fundamental, su aplicación amplia e ilimitada puede utilizarse como subterfugio para negar servicios, acceso a la justicia y otros derechos civiles.

Asimismo, la ACLU de Puerto Rico se opuso a la **Ley 26-2026**, firmada por la gobernadora el 25 de febrero, que impone restricciones discriminatorias en espacios públicos y prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros en agencias, dependencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios.

De acuerdo con la ACLU, estas medidas “**representan amenazas concretas a derechos fundamentales, abren la puerta al discrimen y afectan de manera particular a las comunidades LGBTQ+ y a otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas**”.

“El hecho de que estas medidas se hayan convertido en ley, no significa que no estemos vigilantes ante sus aplicaciones o que personas afectadas no puedan reclamar sus derechos. Continuamos atentos a los diversos escenarios en los que la ejecución de estas leyes opera o puede operar de manera discriminatoria contra personas LGBTQ+”, anotó la licenciada **Lolimar Escudero Rodríguez**, abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico.

## A la espera de veredictos en la corte federal

A nivel federal, la ACLU de Puerto Rico compareció en abril como amigo de la corte ante el **Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito**, en Boston, para defender el derecho de las **personas no binarias** a obtener certificados de nacimiento que reflejen con precisión su identidad de género, en el caso **Ínaru Nadia de la Fuente Díaz** v. **Jenniffer A. González Colón**.

En esta controversia, el gobierno de Puerto Rico busca revertir la determinación del **Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico** que concluyó que la política actual del **Estado Libre Asociado** viola el derecho a la igual protección de las leyes al impedir que las personas no binarias obtengan una marca de género “X” en sus certificados de nacimiento.

“**Desde la ACLU de Puerto Rico, continuaremos defendiendo y abogando por los derechos de las personas LGBTQ+, y particularmente las personas trans, contra quienes existe una persecución que pretende avanzar tanto desde las administraciones actuales del gobierno federal y el estatal en Puerto Rico, acciones que incluso ponen en riesgo la vida de personas**”, manifestó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

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