Contralora detecta pagos que no procedían en Guánica; exalcalde devuelve sobre $20 mil

Una auditoría identificó desembolsos relacionados con licencias acumuladas de enfermedad que no procedían conforme a la normativa adoptada por el propio municipio.

Por Santiago Omar Escobar Colón

2 jun, 11:04 am 4 min de lectura
Contralora detecta pagos que no procedían en Guánica; exalcalde devuelve sobre $20 mil
Carmen Vega Fournier

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico detectó que el Municipio de Guánica realizó pagos por $66,879 que no procedían por concepto de liquidación de licencias acumuladas de enfermedad a un exalcalde, un exfuncionario y 16 empleados municipales.

Como parte de los hallazgos, el exalcalde Santos Seda Nazario devolvió voluntariamente $20,790 que había recibido bajo dicho concepto.

Los señalamientos surgen del Informe de Auditoría OC-26-33, que examinó las operaciones fiscales del municipio entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de julio de 2023. La Oficina de la Contralora concluyó que las operaciones examinadas no se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y reglamentación aplicable, por lo que emitió una opinión cualificada sobre las áreas evaluadas.

Según el informe, entre el 5 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023 el municipio desembolsó $300,486 por concepto de liquidaciones de licencias de vacaciones, enfermedad y tiempo compensatorio a 22 funcionarios y 53 empleados municipales que cesaron funciones entre octubre de 2016 y diciembre de 2022.

Sin embargo, la auditoría determinó que $66,879 de esos desembolsos correspondieron a pagos por licencias acumuladas de enfermedad que no procedían conforme a las disposiciones de la Ordenanza 33 de 2017, mediante la cual el Municipio de Guánica adoptó las disposiciones de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal de 2017.

La cantidad observada por la Contralora se desglosa en $20,790 pagados al entonces alcalde Santos Seda Nazario, $7,475 a un exfuncionario y $38,614 distribuidos entre 16 empleados municipales que cesaron funciones entre febrero de 2019 y diciembre de 2022.

La auditoría señala que el municipio efectuó dichos pagos a pesar de que la normativa adoptada limitaba el pago de licencias acumuladas de enfermedad al momento de la separación del servicio.

El informe recoge que, tras recibir el borrador de los hallazgos, Seda Nazario informó que realizó un análisis de la situación y procedió a reintegrar la totalidad de los $20,790 recibidos. La devolución se efectuó el 24 de noviembre de 2025 mediante un cheque del Banco Popular de Puerto Rico, el cual fue recibido por el recaudador municipal.

No obstante, la Oficina de la Contralora sostuvo que el hallazgo prevalece debido a que el pago originalmente se realizó contrario a las disposiciones aplicables.

La auditoría también identificó deficiencias relacionadas con la acumulación de licencias de vacaciones. Al examinar una muestra de seis funcionarios municipales, la Contralora encontró que a cinco de ellos se les acumuló licencia de vacaciones a razón de 1.25 días por mes entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, cuando la Ley 176-2019 establecía una acumulación de 2.5 días mensuales.

Según el informe, esta situación provocó balances incorrectos de licencias de vacaciones para dichos funcionarios.

La contralora Carmen Vega Fournier atribuyó los hallazgos a deficiencias administrativas y de supervisión. El informe establece que el alcalde y los directores de Recursos Humanos se apartaron de su deber ministerial de verificar que las acumulaciones y pagos de licencias se realizaran conforme a la reglamentación aplicable.

Asimismo, se señala que la directora de Finanzas en funciones no supervisó adecuadamente los procesos de preintervención antes de emitirse los pagos observados por la auditoría.

Como parte de sus comentarios, la administración municipal sostuvo que los desembolsos se realizaron conforme al Artículo 2.058 del Código Municipal de Puerto Rico de 2020, que regula el pago de licencias acumuladas al momento de la separación del servicio.

Sin embargo, la Oficina de la Contralora rechazó ese planteamiento y concluyó que el hallazgo prevalece debido a que el Municipio de Guánica se acogió voluntariamente mediante ordenanza a las disposiciones de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal de 2017 y sus enmiendas.

Ante los hallazgos, la Contralora recomendó al alcalde evaluar posibles acciones de recobro por $46,089 correspondientes a los pagos realizados a un exfuncionario y a los 16 empleados municipales, luego de descontar los $20,790 reintegrados por el exalcalde.

Además, recomendó corregir los balances de licencias de vacaciones acumuladas incorrectamente, fortalecer los controles internos en las áreas de Recursos Humanos y Finanzas, y reforzar los procesos de supervisión y preintervención para evitar situaciones similares en el futuro.

La auditoría también destaca que durante los años fiscales examinados el presupuesto del Fondo General del Municipio de Guánica fluctuó entre $5.1 millones y $7.8 millones.

Asimismo, los estados financieros auditados reflejaron déficits acumulados que oscilaron entre $3.8 millones y $6.4 millones.

La Oficina de la Contralora recomendó además a la Oficina de Gerencia y Presupuesto dar seguimiento al plan de acción correctiva que deberá implantar el municipio y exhortó a la Legislatura Municipal a mantener mecanismos de seguimiento sobre las situaciones identificadas en la auditoría.

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