Junta de Supervisión Fiscal reclama a los alcaldes frenar la aplicación de dos leyes aprobadas en 2024
El ente fiscal aseguró que varios municipios ya han comenzado a implementar disposiciones de las leyes aprobadas en 2024, pese a que todavía no ha concluido el proceso de evaluación requerido bajo PROMESA.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) elevó la presión sobre los municipios al exigir a las asociaciones que agrupan a los alcaldes del país que instruyan a sus miembros a no implementar las leyes 141 y 215 de 2024, al tiempo que advirtió que podría tomar acciones para anularlas o impedir su ejecución.
En una carta enviada el 1 de junio al presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, y al presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, sostuvo que ambas medidas continúan bajo evaluación y no pueden ponerse en vigor hasta que el organismo determine que cumplen con PROMESA y con los planes fiscales certificados.
La comunicación representa una nueva escalada en la disputa entre la Junta y los municipios sobre estas leyes. En enero de 2025, la JSF había concluido que la Ley 141 era incompatible con las disposiciones de PROMESA por aumentar de $200,000 a $500,000 el umbral para requerir subastas en proyectos de construcción y mejoras públicas municipales, además de permitir contratos de hasta $1 millón sin subasta durante emergencias declaradas.
Ahora, la Junta también enfoca sus señalamientos en la Ley 215 de 2024. Según la carta, esa medida duplicó el umbral para solicitar propuestas selladas en obras municipales de $100,000 a $200,000 y aumentó de $3,000 a $10,000 el límite para compras directas o microcompras sin procesos competitivos.
Además, la JSF expresó preocupación porque la Ley 215 modificó el Código Municipal para permitir el cobro de arbitrios de construcción en proyectos realizados para entidades exentas, incluyendo obras financiadas con fondos estatales o federales. El organismo sostuvo que varios municipios ya están aplicando esa disposición.
La Junta advirtió que gravar proyectos sufragados con fondos federales podría ser interpretado por el gobierno federal como un uso ineficiente de esos recursos y afectar futuras asignaciones a Puerto Rico. También argumentó que esos impuestos podrían encarecer proyectos de reconstrucción energética y provocar diferencias tributarias entre municipios que distorsionen las decisiones de inversión.
Por ello, el ente fiscal solicitó que ambas organizaciones certifiquen antes del 22 de junio que han orientado a sus alcaldes sobre la prohibición de implementar las leyes 141 y 215 hasta que concluya la revisión bajo PROMESA.
La carta concluye con una advertencia de que la Junta se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere necesarias, incluyendo acciones para invalidar o impedir la implementación de ambas leyes.
