Gobierno no tiene cómo costear suspensión de la crudita
Un estudio de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estimó en $217.4 millones el impacto fiscal de suspender la segunda crudita, según la mayoría legislativa.
Por Santiago Omar Escobar Colón
La posibilidad de suspender la segunda crudita para aliviar el costo de los combustibles enfrenta un nuevo obstáculo luego de que la mayoría legislativa asegurara que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para sustituir los ingresos que dejaría de recibir el fisco si se elimina temporalmente ese arbitrio sobre la gasolina y el diésel.
Según se informó, un estudio solicitado a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluyó que suspender la segunda crudita tendría un impacto fiscal de $217.4 millones durante el año fiscal 2027, que comienza el próximo 1 de julio.
La mayoría legislativa sostuvo que no respaldará medidas que carezcan de una fuente de financiamiento identificada para reemplazar esos recaudos, al argumentar que hacerlo implicaría recortes en servicios esenciales que ofrece el gobierno.
Asimismo, se rechazó la cifra de $19.1 millones que ha sido utilizada por sectores que favorecen una suspensión temporera del arbitrio. Según la información divulgada, una moratoria de 45 días tendría un costo cercano a los $30 millones.
Como parte de los argumentos presentados, también se recordó que la Junta de Supervisión y Administración Financiera indicó en una comunicación emitida en noviembre de 2023 que los recaudos generados por estos arbitrios sobre la gasolina y el diésel representan una parte significativa de los recursos que utiliza el gobierno para sufragar servicios públicos.
El planteamiento surge en momentos en que permanece pendiente en la Legislatura una medida que propone suspender temporalmente la segunda crudita como mecanismo para aliviar el impacto del precio de los combustibles sobre los consumidores.
La segunda crudita fue establecida en 2015 como parte de las medidas dirigidas a atender la situación fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Actualmente, los consumidores continúan pagando ese arbitrio sobre la gasolina y el diésel.
De acuerdo con los datos divulgados, Puerto Rico consume en promedio unos 70 millones de galones de gasolina al mes. La mayoría del combustible que llega a la Isla proviene del mercado West Texas Intermediate (WTI), cuyo precio ha registrado descensos recientes.
La mayoría legislativa insistió en que cualquier propuesta para suspender o eliminar la segunda crudita debe estar acompañada de una fuente de ingresos que permita sustituir los recaudos que dejarían de ingresar al gobierno.
