Proyecto Dignidad defiende a comerciantes ambulantes y pide diálogo ante alegadas remociones

La colectividad reconoció que la seguridad vial es una responsabilidad legítima del gobierno y que las leyes y reglamentos deben cumplirse, pero sostuvo que muchas familias dependen de estos pequeños negocios para generar ingresos y sostener sus hogares.

Según indicó la organización, algunos comerciantes han operado durante décadas, cuentan con permisos municipales, pagan patentes y cumplen con diversos requisitos gubernamentales, por lo que entienden que cualquier intervención debe realizarse “con transparencia, uniformidad, sensibilidad y pleno respeto al debido proceso”.

La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, aseguró que los pequeños comerciantes son parte esencial de la economía puertorriqueña y criticó lo que describió como un patrón de insensibilidad gubernamental hacia ese sector.

“Resulta indignante que mientras el gobierno del PNP habla de desarrollo económico y apoyo al empresarismo, continúe imponiendo medidas que amenazan el sustento de familias trabajadoras”, expresó Pérez Martínez en declaraciones escritas.

La líder política también señaló que las administraciones del PNP y PPD han fallado en desarrollar una política pública consistente para proteger y fortalecer a los pequeños empresarios locales.

“Los comerciantes ambulantes no son el enemigo. Son hombres y mujeres que madrugan todos los días para llevar sustento a sus hogares y servir a sus comunidades. Merecen respeto, diálogo y soluciones, no acciones arbitrarias que pongan en riesgo su fuente de ingresos”, añadió.

Proyecto Dignidad hizo un llamado al DTOP para que suspenda cualquier presunta acción de remoción mientras se establece un proceso de diálogo con comerciantes, municipios y comunidades afectadas.

Asimismo, solicitaron que se evalúe cada caso individualmente y que se exploren alternativas que atiendan las preocupaciones de seguridad vial sin afectar fuentes de empleo y actividad económica.