Se declaran culpables por traficar aves migratorias en Puerto Rico

Los acusados admitieron captura, venta e intercambio ilegal de aves protegidas.

Por Metro Puerto Rico

28 may, 11:24 am 2 min de lectura
Se declaran culpables por traficar aves migratorias en Puerto Rico
Fiscal federal de Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Cinco personas residentes en Puerto Rico se declararon culpables por violaciones a la Ley del Tratado de Aves Migratorias, informó este jueves el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

Según documentos judiciales, los acusados admitieron haberse enriquecido mediante el tráfico, captura, venta e intercambio ilegal de aves migratorias protegidas.

Las autoridades federales alegaron que los individuos capturaban y poseían aves migratorias, las mantenían en alojamientos temporeros y luego las ofrecían para la venta en grupos privados de internet. Además, negociaban precios y recibían pagos relacionados con la venta ilegal de las aves tanto en Puerto Rico como en otros lugares.

Entre las especies traficadas ilegalmente se encuentran patos Bahama Pintail, Northern Pintail, Black-bellied whistling ducks, Eastern spot-billed ducks, Blue-wing Teal, gansos canadienses, wood ducks y palomas coronadas blancas.

En el caso criminal 25-504 (PAD), Héctor Rivera González se declaró culpable el pasado 22 de mayo de 2026 por violar la Ley del Tratado de Aves Migratorias. Su sentencia fue pautada para el 7 de agosto de 2026 y enfrenta una pena de hasta dos años de prisión.

Mientras, en el caso criminal 25-503 (ADC), Ricardo Morales-Colón, Derline Cordero-Galloza, Ezequiel Muñiz-Salas y Edison Pérez-Collado se declararon culpables de conspirar para violar la misma ley federal.

Morales-Colón y Muñiz-Salas se declararon culpables el 5 de marzo de 2026 y serán sentenciados el 17 de junio de 2026. Cordero-Galloza hizo alegación de culpabilidad el 26 de marzo de 2026 y su sentencia está pautada para el 29 de junio de 2026. Pérez-Collado, por su parte, se declaró culpable el 23 de abril de 2026 y será sentenciado el 9 de julio de 2026.

Cada uno de los acusados enfrenta penas de hasta cinco años de prisión.

El caso fue investigado por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, mientras que la fiscalía está a cargo del fiscal auxiliar federal Seth Erbe, jefe de la sección de fraude financiero y corrupción pública.

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