Cámara exige al DDEC entregar informe sobre alegadas intervenciones indebidas

La petición legislativa presentada por Ferrer Santiago solicita que el DDEC entregue, en un término no mayor de cinco días, el informe relacionado a las denuncias públicas realizadas por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, sobre presiones e intervenciones indebidas en el proceso de adjudicación de un contrato.

“La aprobación de esta petición representa un paso importante para garantizar transparencia y acceso a información pública sobre serios señalamientos de corrupción relacionados al manejo de fondos federales. El país merece conocer qué ocurrió y quiénes intervinieron en este proceso”, expresó Ferrer Santiago.

El portavoz popular sostuvo que la aprobación de la petición permitirá que la Cámara pueda evaluar el contenido del informe y determinar el alcance de las alegadas intervenciones indebidas denunciadas públicamente en torno al proceso de adjudicación del contrato.

“Ahora le corresponde al DDEC cumplir con este requerimiento y entregar el informe solicitado. La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de fiscalizar el manejo de fondos públicos y asegurar que los procesos gubernamentales se conduzcan con transparencia”, añadió.

Negrón Reichard y otros diez funcionarios de la agencia renunciaron a sus cargos en medio de la controversia relacionada con presuntas irregularidades en procesos de contratación dentro de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).

La salida colectiva fue divulgada por el propio Negrón Reichard junto a su carta de renuncia, efectiva al mediodía del martes, donde denunció presuntas intervenciones de La Fortaleza luego de realizar referidos a distintas autoridades sobre hallazgos relacionados con un proceso competitivo investigado dentro de OGPE.

“Como resultado de estas circunstancias, más de 10 funcionarios con roles de liderato en el DDEC decidieron renunciar a sus cargos”, expresó el exsecretario en declaraciones escritas.

Según detalló, entre las personas que abandonarán la agencia figuran la jefa de personal; la persona que lideraba las iniciativas estratégicas y el gerenciamiento de la transformación del sistema de permisos; el asesor legal general; la jefa de finanzas del DDEC y PRIDCO; el director de la Oficina de Incentivos; el líder de los esfuerzos estratégicos de reshoring y semiconductores; la persona a cargo del concierge ejecutivo; la persona al frente de la estrategia de carga aérea; así como el director de comunicaciones, entre otros.

Negrón Reichard sostuvo que la situación surge luego de referir a distintas entidades los hallazgos de una evaluación interna relacionada con alegadas intervenciones indebidas en un proceso competitivo.

“A partir de que refiriera a las autoridades correspondientes los hallazgos de una evaluación sobre un proceso competitivo, las acciones tomadas posteriormente por La Fortaleza hacen imposible continuar ejerciendo el cargo con la integridad y la autonomía que el rol requiere y que todo Secretario le debe a la ciudadanía”, indicó.

El exsecretario también denunció intervenciones “a través de otros funcionarios” en áreas cuyas facultades, según sostuvo, corresponden exclusivamente al secretario del DDEC.

“Esto incluye intervenciones, a través de otros funcionarios, en áreas cuyas facultades la ley delega al Secretario, con consecuencias directas sobre la gobernanza interna y la institucionalidad del Departamento”, añadió.

Asimismo, aseguró que una de las decisiones tomadas posteriormente fue revertir las suspensiones sumarias emitidas contra funcionarios vinculados a la controversia investigada dentro de OGPE.

“Entre esas determinaciones se encuentra revertir las dos suspensiones sumarias emitidas como consecuencia directa de los hallazgos de la evaluación sobre alegadas intervenciones indebidas en procesos de contratación divulgada la semana pasada”, sostuvo.

Según Negrón Reichard, esas determinaciones también afectaron al personal que había colaborado en las denuncias internas.

“Esas decisiones tienen, además, la lamentable consecuencia de dejar desprotegido al personal que denunció alegadas irregularidades en procesos internos”, expresó.

La controversia surge días después de que el entonces secretario anunciara la destitución del exsecretario auxiliar de OGPE, Norberto Almodóvar, tras una investigación relacionada con un proceso competitivo vinculado a un contrato federal de entre $1 millón y $2 millones.

La pesquisa fue realizada por la firma HRM LLC, dirigida por el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales, y la exjueza y ex portavoz del FEI, Eloina Torres Cancel.

Según había explicado previamente Negrón Reichard, la investigación apuntaba a presuntas presiones indebidas, represalias contra empleados denunciantes e intentos de alterar puntuaciones dentro del proceso competitivo financiado con fondos federales.

El funcionario indicó que, para proteger la integridad de las investigaciones y de los procedimientos legales iniciados ante agencias como el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora, no emitirá comentarios adicionales por el momento.