Desestiman causa contra migrante salvadoreño deportado por “error administrativo” en EEUU
Un juez federal concluyó que la acusación contra Kilmar Ábrego por tráfico de personas tenía carácter de “represalia” tras ganar una demanda contra su expulsión
Por Europa Press
Un juez federal de Estados Unidos desestimó este viernes la causa penal contra el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego por tráfico de personas al considerar que la investigación estaba “viciada” y que la imputación tenía carácter de “represalia” por parte de la Administración del presidente Donald Trump.
El juez del distrito de Tennessee, Waverly Crenshaw, sostuvo en su fallo que el proceso judicial solo se activó después de que Ábrego lograra impugnar con éxito su expulsión a El Salvador.
“Las pruebas objetivas del caso demuestran que, de no ser por la demanda que Ábrego ganó contra su expulsión a El Salvador, el Gobierno no habría iniciado este proceso judicial”, indicó el magistrado.
Juez cuestiona actuación de fiscales
Crenshaw afirmó además que las supuestas “nuevas pruebas” presentadas por la Fiscalía no tenían realmente carácter novedoso desde el punto de vista jurídico.
El juez apuntó directamente al fiscal general interino, Todd Blanche, y al fiscal adjunto de Tennessee, Rob McGuire, al sostener que la acusación no habría prosperado sin una investigación irregular.
“La buena fe subjetiva del fiscal no subsana el carácter de represalia”, señaló el magistrado.
Deportado y enviado al CECOT
Ábrego había sido acusado de tráfico de personas tras un control de tránsito realizado en 2022 en Tennessee, cuando transportaba a nueve migrantes indocumentados.
Según la Fiscalía, realizó más de 100 viajes entre Texas, Maryland y otros estados transportando personas sin documentación.
Las autoridades estadounidenses también lo vincularon con la organización criminal Mara Salvatrucha, aunque el salvadoreño se declaró inocente.
El migrante fue deportado a mediados de marzo y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Posteriormente, la Justicia estadounidense ordenó su regreso al país al concluir que la deportación había sido resultado de un “error administrativo”.
