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title: "Solicitan investigación federal por alegado esquema de drogas por votos en cárceles"
description: "La petición surge tras denuncias de un supuesto esquema de intercambio de drogas por votos en cárceles de Puerto Rico"
canonical: "https://www.metro.pr/noticias/2026/05/20/solicitan-investigacion-federal-por-alegado-esquema-de-drogas-por-votos-en-carceles"
section: "Noticias"
subsection: "Locales"
author: "Metro Puerto Rico"
published: "2026-05-20T18:53:02.659Z"
updated: "2026-05-20T18:55:18.663Z"
tags: ["Gobierno", "Puerto Rico"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Solicitan investigación federal por alegado esquema de drogas por votos en cárceles

_La petición surge tras denuncias de un supuesto esquema de intercambio de drogas por votos en cárceles de Puerto Rico_

Por Metro Puerto Rico · Noticias / Locales · 2026-05-20T18:53:02.659Z

El comisionado residente de Puerto Rico, **Pablo José Hernández**, solicitó este miércoles a la **Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia**(DOJ-OIG, por sus siglas en inglés) la apertura de una **investigación**relacionada con el manejo de un alegado **esquema de drogas por votos** descubierto durante las elecciones de 2024 en Puerto Rico y la decisión del Departamento de Justicia de no presentar cargos relacionados a delitos electorales.

_**Relacionado:**_[Fiscalía federal excluyó cargos por compra de votos con drogas en caso que supuestamente salpicaba a Jenniffer González](https://www.metro.pr/noticias/2026/05/05/fiscalia-federal-excluyo-cargos-por-compra-de-votos-con-drogas-en-caso-que-salpicaba-a-jenniffer-gonzalez)

La petición fue realizada mediante una carta enviada al inspector general interino del Departamento de Justicia federal, Don R. Berthiaume, y contó además con la firma de varios congresistas demócratas, entre ellos Robert García, Nydia Velázquez, Adriano Espaillat y Jesús “Chuy” García.

En la misiva, los legisladores citaron una investigación publicada por ProPublica en la que se reportó que autoridades federales recopilaron evidencia que vinculaba a confinados y empleados correccionales con un supuesto esquema para intercambiar drogas por votos.

Según indicaron, aunque las autoridades federales utilizaron citaciones y desplegaron personal investigativo, la acusación presentada posteriormente incluyó únicamente cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego, sin imputaciones por delitos electorales.

“Estas alegaciones no parecen haber sido reclamos generalizados o especulativos. Más bien, el reportaje indica que las autoridades federales consideraron las alegaciones lo suficientemente creíbles como para tomar medidas investigativas, incluyendo el uso de citaciones y la participación de personal federal de ley y orden,” escribieron.

Además, sostuvieron que la determinación del Departamento de Justicia federal contradice los esfuerzos públicos de la administración federal dirigidos a reforzar la integridad electoral.

_**Te puede interesar:**_[Proyecto Dignidad presenta medida para excluir a los confinados del voto ausente y voto adelantado](https://www.metro.pr/noticias/2026/05/17/proyecto-dignidad-presenta-medida-para-excluir-a-los-confinados-del-voto-ausente-y-del-voto-adelantado)

 “Este resultado contradice el énfasis reiterado de la Administración y del liderato del Departamento en priorizar la integridad y la seguridad electoral como prioridades de cumplimiento federal”, indicaron.

La carta también menciona otras controversias electorales registradas en Puerto Rico en años recientes. Entre ellas, la escasez de papeletas durante las elecciones de 2020, denuncias sobre papeletas por correo presuntamente irregulares y alegadas inconsistencias en máquinas de votación durante el proceso electoral de 2024.

“Tomadas en conjunto, estas circunstancias demuestran por qué alegaciones creíbles de fraude electoral descubiertas mediante investigaciones federales ameritan un escrutinio serio y una explicación transparente”, añadieron.

Asimismo, señalaron como ejemplo reciente la declaración de culpabilidad federal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por una violación relacionada con financiamiento de campaña y su posterior indulto presidencial, argumentando que esto refuerza la importancia de una supervisión independiente sobre la actuación del Departamento de Justicia en Puerto Rico.

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