Colegio de Abogados y Abogadas rechaza la Ley 82; expresan preocupación
Realizaron un llamado urgente a los poderes del Estado a reconsiderar el impacto de esta legislación
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó este martes, su profunda preocupación y rechazo ante la aprobación y firma de la Ley 82 de 2026, legislación que incluso el legislador proponente pretende enmendar, y la cual introduce modificaciones de significativo alcance al ordenamiento jurídico de Puerto Rico y que, a juicio de esta institución, presenta serios retos para el acceso a la justicia, la participación ciudadana y el estado de derecho.
La nueva ley modifica el Artículo 14.1 de la Ley 161 de 2009, disposición que hasta la fecha permitía a ciudadanos y comunidades presentar recursos extraordinarios para atender irregularidades en procesos de permisos, incluyendo la solicitud de paralización de obras por violación a la ley o reglamentos. Las enmiendas introducidas establecen requisitos procesales adicionales que en la práctica, representan barreras significativas al acceso a los tribunales y agencias administrativas.
De particular preocupación es la disposición que exige el pago de una fianza equivalente a no menos del diez por ciento (10%) del valor de un proyecto como condición para solicitar su paralización. Esta exigencia, por su cuantía, coloca la impugnación de proyectos de gran envergadura fuera del alcance económico de la mayoría de los ciudadanos y organizaciones de base comunitaria.
El Colegio también señala con preocupación las enmiendas al Código Municipal que permiten la reclasificación del suelo rústico en municipios con Planes de Ordenamiento Territorial cuando un proyecto sea catalogado como crítico, prioritario o estratégico, o cuando se cumplan determinadas condiciones de mitigación ambiental. Esta facultad discrecional, sin salvaguardas suficientes, tendrá como consecuencia una planificación territorial que no responda adecuadamente a los intereses colectivos ni a la protección del ambiente.
Entendemos que toda legislación debe ser evaluada a la luz de las garantías constitucionales de acceso a los tribunales, la igual protección de las leyes y el debido proceso de ley. Legislar de manera que se dificulte o encarezca el ejercicio de esos derechos para algunos sectores de la ciudadanía merece un escrutinio riguroso por parte de los tribunales.
Asimismo, subrayamos que el derecho a la participación ciudadana en los procesos de planificación y permisos es un componente esencial de la paz social y del orden democrático. Las vías formales y legales para canalizar los reclamos ciudadanos son, precisamente, el mecanismo que permite que las controversias se resuelvan dentro del marco del estado de derecho.
El propio proponente del proyecto que se convirtió en la Ley 82 de 2026 reconoce que esta ley obstaculiza el acceso a los tribunales e impide que comunidades de bajos recursos puedan hacer valer sus derechos. La misma enmienda que presenta el representante Navarro Suárez en el día de ayer demuestra lo anterior. Señala el legislador que “la fijación automática e inflexible del monto mínimo de fianza, sin posibilidad alguna de modificación judicial, puede traducirse en una restricción irrazonable del acceso a los tribunales para aquellas personas naturales o comunidades de limitados recursos económicos…”. Radica aquí precisamente el problema principal de esta ley, que obstaculiza y limita el acceso a los tribunales y el derecho de las comunidades y ciudadanía en general de reclamar y vindicar sus derechos ante los tribunales. Aunque la enmienda reconoce lo anterior, no lo resuelve.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico hizo un llamado urgente a los poderes del Estado a reconsiderar el impacto de esta legislación sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía. Una democracia que restringe las vías legales de participación y reclamo no fortalece el orden público — lo fragiliza. Advertimos que continuaremos vigilantes ante toda medida que erosione el acceso a la justicia, siempre con el compromiso de defender los derechos de la ciudadanía puertorriqueña sin distinción de recursos económicos ni influencia política.
