Proyecto Dignidad presenta medida para excluir a los confinados del voto ausente y voto adelantado

La representante por acumulación por el partido Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos Muñiz anunció este domingo la radicación del Proyecto de la Cámara 1278 para enmendar el Código Electoral de Puerto Rico y excluir a los confinados de delitos graves de poder votar adelantado o emitir un voto ausente.

Según la medida, los confinados por delitos graves con penas de 10 años o más, no podrán emitir su voto.

“La democracia debe protegerse con responsabilidad y sentido de justicia. Esta medida no pretende atacar la dignidad humana de los confinados ni limitar los esfuerzos de rehabilitación. Lo que buscamos es evitar que personas sentenciadas por delitos graves utilicen un privilegio electoral mientras cumplen condenas extensas por actos que causaron daños irreparables a otras personas y a nuestra sociedad”, expresó Burgos Muñiz.

Asimismo, como parte de sus enmiendas, la medida establece que “tendrá derecho a votar con el método de Voto Ausente todo elector domiciliado en Puerto Rico y activo en el Registro General del Elector que lo solicite voluntariamente porque afirma, y así lo declara con el alcance de un juramento en su solicitud la Comisión, que en el día de un evento electoral se encontrará físicamente fuera de Puerto Rico”.

Ante preguntas de Metro Puerto Rico sobre una violación a los derechos del elector confinado y posible obstáculo para su reincorporación a la sociedad, la representante explicó que, mediante el sufragio, —derecho constitucional y humano mediante el cual los ciudadanos participan en los procesos electorales de su país—, “los derechos podrían ser suspendidos si la persona es convicta”.

Asimismo, expuso que sostuvo, en el pasado, conversaciones con confinados y que estos le han planteado que el proceso electoral es una “tortura”.

“Precisamente empiezan las presiones, hay unos que ya los privilegian y no hay estado igual dentro de las mismas posiciones, al contrario, yo creo que esto le quita una carga a los que están cumpliendo, que ya tienen la carga de que tienen muchos años y para colmo también tener la presión cuando viene la época electoral”, explicó la representante.

La medida, además, pretende evitar que sectores políticos utilicen el voto de confinados como instrumento electoral mediante promesas o beneficios dirigidos específicamente a esta población durante ciclos eleccionarios.

Te puede interesar: Fiscalía federal excluyó cargos por compra de votos con drogas en caso que supuestamente salpicaba a Jenniffer González

El excandidato a la gobernación en 2020 por Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz, defendió la medida al indicar que desde las cárceles ejercen una votación “a ciegas”.

“Participar en una votación cada cuatro años cuando tú no tienes acceso a la información diaria, cuando tú no sabes que están hechos los políticos, cuando tú no sabes cuáles son los conflictos que Puerto Rico vive, realmente es un ejercicio a ciegas”, señaló el excandidato.

La presidenta del Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Ramírez, por su parte, indicó que “que quienes cumplen condenas por delitos graves deben primero completar su proceso de rehabilitación antes de ejercer ciertos privilegios electorales“.

No descartan presentar Legislación para evitar que fallecidos continúen activos en listas de registro electoral

La representante no descartó presentar Legislación para mejorar el sistema electoral y evitar que personas fallecidas continúen apareciendo como activos en las listas del registro electoral como sucedió en 2024.

Además, atribuyó la situación a la falta de tecnología en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la inacción de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

“Yo no puedo entender cómo PRITS todavía no ha creado una plataforma que comunique directamente a la Comisión Estatal de Elecciones con el registro demográfico de manera tal que tan pronto una persona fallezca le salga una alerta a la Comisión y den de baja a esa persona. Eso ya se puede hacer, y más cuando tenemos inteligencia artificial y una serie de métodos ya electrónicos, digitales, que se puede hacer fácilmente”, señaló la representante.

“Cuando ellos hicieron lo que fue el VacuID, PRITS rápido lo hizo con CESCO y no le tomó mucho tiempo. Vamos a estar presentando la legislación próximamente”, añadió.

Actualmente, el familiar de la persona fallecida es quien debe informar sobre la muerte con el acta de defunción.

Burgos Muñiz no descartó realizar vistas públicas o nuevas enmiendas a la pieza legislativa, mientras, fue referida para su evaluación y próximos pasos legislativos.

Las declaraciones surgieron a las afueras de la Comisión Estatal de Elecciones en Hato Rey.