Nueva medida podría afectar acceso y fiscalización de información pública corporativa, alerta entidad

La organización Sembrando Sentido denunció este domingo que una medida anunciada por el Departamento de Estado de Puerto Rico podría afectar el acceso y fiscalización de información pública corporativa.

La entidad precisó que, según una notificación enviada por correo electrónico, a partir del 21 de mayo de 2026, se requerirá la creación de cuentas personales y mecanismos de autenticación para realizar transacciones y búsquedas en el Registro de Corporaciones y Otras Entidades Jurídicas.

A través de un comunicado de prensa, el ente reconoció la importancia de fortalecer la seguridad y proteger la integridad de transacciones y modificaciones dentro de sistemas gubernamentales. Sin embargo, advirtió que extender mecanismos de identificación, autenticación y trazabilidad al mero acceso y búsqueda de información pública crea barreras innecesarias y efectos disuasivos e intimidantes para amplios sectores de la ciudadanía.

Según Sembrando Sentido, el requisito de crear cuentas, manejar procesos de autenticación y depender de múltiples pasos para acceder a información pública “puede dificultar significativamente el acceso para personas con menor familiaridad tecnológica o con acceso digital limitado”.

“Una cosa es proteger transacciones sensitivas o cambios dentro del sistema. Otra muy distinta es convertir el acceso a información pública en un proceso complejo y burocrático que termina disuadiendo a las personas de buscar información de alto interés público. Eso afecta desde comunidades tratando de entender quién está detrás de una obra en su barrio, hasta abogados que necesitan información corporativa o del agente residente para poder presentar reclamaciones judiciales y emplazar adecuadamente, así como periodistas, investigadores, organizaciones comunitarias y ciudadanía buscando información corporativa básica”, expresó Issel Masses Ferrer, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.

La organización añadió que, además del “efecto disuasivo”, este tipo de mecanismo podría facilitar la recopilación de información sobre personas que consultan asuntos relacionados a corporaciones, contratación gubernamental, permisos o fondos públicos, creando condiciones que podrían prestarse para prácticas de vigilancia o persecución indebida contra quienes buscan información de interés público.

“El anuncio tampoco fue acompañado de un proceso público de orientación, consulta o discusión con sectores que podrían verse directamente afectados por los cambios, incluyendo organizaciones de transparencia, periodistas, programadores, investigadores, abogados y ciudadanía que depende regularmente del acceso a esta información pública. Tampoco, se aclaró cómo se manejará la información recopilada mediante estos nuevos mecanismos de autenticación y trazabilidad, ni el posible impacto sobre herramientas tecnológicas e integraciones que dependen del acceso a datos públicos", abundó.

Sembrando Sentido también señaló preocupación sobre cómo estas medidas podrían impactar herramientas tecnológicas y plataformas de transparencia que dependen del acceso a información corporativa pública para facilitar procesos de investigación, análisis y fiscalización ciudadana.

La organización explicó que muchas plataformas modernas de transparencia utilizan APIs — interfaces que permiten que distintos sistemas tecnológicos se conecten para compartir datos e información — para hacer viable el acceso, análisis e interconexión de grandes volúmenes de datos públicos. Sin embargo, el anuncio realizado por el gobierno no aclara cómo estas nuevas restricciones podrían afectar ese tipo de integraciones o herramientas.

“Hoy gran parte de la fiscalización ciudadana depende precisamente de poder conectar y analizar datos públicos de manera eficiente. Eso incluye desde plataformas de transparencia y medios investigativos hasta organizaciones comunitarias y negocios haciendo procesos de debida diligencia. Limitar o dificultar ese acceso puede tener implicaciones significativas para la capacidad de entender quiénes reciben contratos, permisos, incentivos o manejan fondos públicos”, sostuvo Masses Ferrer.

Sembrando Sentido destacó que esta preocupación ocurre en un contexto donde cada vez más funciones y servicios gubernamentales se canalizan mediante contratación y estructuras corporativas privadas, haciendo aún más importante el acceso ágil y abierto a información corporativa para entender quiénes manejan fondos públicos, ejecutan proyectos o reciben incentivos del Estado.

La organización destacó, además, que esta medida ocurre en medio de otros retrocesos recientes en transparencia y participación pública, incluyendo cambios legislativos y administrativos que han reducido mecanismos de acceso a información pública, limitado procesos de participación ciudadana y eliminado ciertos requisitos de divulgación corporativa.

Entre ellos, mencionó las recientes enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, que debilitaron herramientas y procesos dirigidos a garantizar acceso oportuno a información gubernamental; la Ley 65-2025, que elimina requisitos relacionados a la radicación de informes anuales corporativos; y la Ley 82-2026, que aumenta drásticamente los requisitos y costos para impugnar permisos de construcción.

“A la vez que se reducen requisitos de divulgación y transparencia sobre corporaciones o beneficiarios de incentivos y fondos públicos, aumentan las barreras y niveles de monitoreo sobre quienes buscan fiscalizar o acceder a información pública. La protección de privacidad y seguridad no puede aplicarse de forma desigual, particularmente cuando está en juego la capacidad de proteger el interés público y el uso adecuado del erario”, concluyó Masses Ferrer.