Cataño acusa a la Contraloría de divulgar informe “viciado, incompleto y deficiente” en medio de proceso judicial activo

El Municipio de Cataño denunció este sábado que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) publicó un informe investigativo contra dicho ayuntamiento, a pesar de que el asunto se encontraba formalmente bajo la consideración del Tribunal de Primera Instancia.

A través de un comunicado de prensa, la administración municipal sostuvo que la publicación del documento ocurrió cuando existía una Orden de Mostrar Causa emitida por el Tribunal, mediante la cual se le requería a la OCPR justificar por qué no debía concederse el remedio solicitado por el Municipio.

Según el ayuntamiento, esa solicitud buscaba impedir la divulgación del informe sin antes brindarle la oportunidad de revisarlo, confrontarlo y comentarlo, mientras se resolvía la controversia judicial.

En su comunicación, la administración municipal alegó que la actuación de la OCPR representa un “desafío directo al proceso judicial y a la autoridad del Tribunal”.

“El Municipio presentó un recurso de Mandamus luego de que la OCPR se negara a permitir siquiera una revisión limitada y confidencial del borrador del informe antes de su divulgación pública. Ante los planteamientos presentados, el Tribunal intervino formalmente, acortó términos y ordenó a la OCPR comparecer dentro de cinco días para mostrar causa por la cual no debía concederse el remedio solicitado. Ese remedio era claro: detener la divulgación del informe mientras el Tribunal evaluaba los planteamientos levantados por el Municipio. La OCPR tenía conocimiento pleno de la demanda, de la Orden emitida y de la controversia judicial activa. Sin embargo, en lugar de comparecer primero ante el Tribunal y respetar el proceso judicial en curso, decidió publicar el informe de todas formas, haciendo exactamente aquello que el Tribunal estaba evaluando impedir. No se trató de un acto administrativo ordinario. Se trató de una actuación deliberada que tuvo el efecto práctico de derrotar el remedio solicitado, hacer irreparable el daño y convertir en académica la controversia antes de contestarle al Tribunal", recalcó.

Asimismo, añadió: “Cuando un Tribunal emite una Orden de Mostrar Causa sobre un remedio específico, las agencias del Ejecutivo no tienen licencia para ignorar el proceso judicial y actuar unilateralmente como si la intervención judicial fuera irrelevante. El respeto a la separación de poderes exige precisamente lo contrario. Más aún, esta actuación ocurre dentro de un contexto profundamente preocupante. Previo a la divulgación del informe, el Municipio levantó cuestionamientos documentados sobre la objetividad, parcialidad y conducta de uno de los auditores participantes en la investigación, incluyendo alegaciones sustentadas mediante declaraciones juradas relacionadas con actuaciones incompatibles con un proceso imparcial y objetivo”.

De igual forma, el Municipio señaló: “La propia OCPR reconoció oficialmente que realizó una investigación interna y que, como resultado de esta, surgieron recomendaciones y acciones correctivas relacionadas con esos planteamientos. Sin embargo, nunca informó cuáles fueron las irregularidades identificadas, qué conducta fue validada, cuáles fueron las medidas correctivas adoptadas ni cómo se protegió la integridad del proceso investigativo antes de divulgar públicamente el informe. A pesar de reconocer internamente problemas que ameritaron acciones correctivas, la OCPR procedió a publicar el informe mientras el asunto permanecía activamente ante el Tribunal y sin permitirle al Municipio la oportunidad mínima de revisar, comentar o responder oficialmente a los hallazgos antes de su divulgación pública”.

En el mismo comunicado, la administración municipal sostuvo que la secuencia de eventos resulta preocupante y detalló que primero surgieron cuestionamientos sobre la investigación, luego la OCPR reconoció irregularidades internas, posteriormente se negó el acceso al borrador del informe, más tarde se emitió una Carta Circular relacionada con la confidencialidad del proceso y finalmente se publicó el informe mientras el caso aún estaba bajo evaluación judicial.

“La controversia nunca ha girado en torno a evitar fiscalización ni ocultar información pública. Todo lo contrario. El Municipio siempre ha sostenido que toda investigación gubernamental debe conducirse con objetividad, transparencia y respeto a principios elementales de debido proceso, particularmente cuando se trata de señalamientos que afectan institucionalmente a un municipio, a funcionarios públicos y a la confianza ciudadana. Lo ocurrido hoy compromete seriamente esos principios. La actuación de la OCPR privó al Municipio de esa oportunidad mínima de participación procesal y provocó la divulgación de un informe sin incluir la posición oficial del Ayuntamiento, aun cuando el Tribunal estaba evaluado precisamente ese planteamiento", dijo.

Finalmente, la administración municipal sostuvo que lo ocurrido compromete la integridad del proceso y reiteró que la OCPR no debe colocarse por encima de las determinaciones judiciales, al tiempo que calificó el informe como “viciado, incompleto y deficiente”.

“La OCPR no puede colocarse por encima de los procesos judiciales ni actuar de manera que vacíe de contenido la autoridad de los tribunales mediante actuaciones unilaterales dirigidas a frustrar el remedio solicitado ante el foro judicial. Aquí no está en juego únicamente un informe. Está en juego el respeto a la autoridad constitucional de los tribunales, a la separación de poderes y a los principios mínimos de equidad y debido proceso que deben regir toda actuación gubernamental. En síntesis, la OCPR presentó un informe viciado, incompleto y deficiente, producto de una investigación carente de transparencia y de elementos esenciales del proceso, lo que a su vez limitó el derecho del Municipio a responder a los alegados hallazgos previo a su divulgación pública“, concluyó.

La contralora Carmen Ana Vega Fournier confirmó a través de un comunicado de prensa que el informe de auditoría OC-26-29 sobre el municipio incluye referidos al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“La investigación revela un patrón consistente de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas del municipio de Cataño para actividades ajenas al interés público, incluyendo actividades político-partidistas y decisiones administrativas tomadas en contravención a legislación aplicable. Las situaciones identificadas comprometen la legalidad, transparencia y eficiencia en la administración pública municipal y requieren la intervención de las autoridades correspondientes para evaluar posibles infracciones legales, éticas, administrativas y fiscales”, dijo Vega Fournier.

De acuerdo con la OCPR, en el informe, se identifican siete hallazgos principales relacionados con uso indebido de recursos públicos, actividades político-partidistas y deficiencias administrativas durante el periodo del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025.

“Se confirmó que una ayudante del alcalde y una empleada de la Oficina de Ayuda al Ciudadano (OAC) utilizaron computadoras del municipio y sus cuentas oficiales de correo electrónico para almacenar y manejar documentos, propaganda, listados electorales y materiales relacionados con campañas políticas. En los equipos ocupados se hallaron bases de datos de electores, formularios de la CEE, listados internos, facturas por artículos promocionales y fotos con logos de campaña”, sostuvo la entidad.

Según la Contralora, “Esto constituye un uso indebido de propiedad y sistemas municipales para actividades de carácter político, contrario a la Constitución, al Código Penal, al Código Municipal, a la Ley de Ética y a reglamentos internos”.

De la misma forma, se reveló que, alegadamente, el municipio contrató servicios de una compañía publicitaria cuyo arte y elementos gráficos coincidían con los utilizados en la campaña política del alcalde.

“Se pagaron diseños, impresiones, artículos promocionales y materiales cuyas estéticas —tipografías, colores e imágenes— repetían la utilizada en el Comité político del alcalde. Incluso, se facturaron artículos de campaña directamente al Municipio, y algunos empleados recibieron en sus correos institucionales, durante horas laborables, información vinculada a esos servicios", añadió la entidad.

A su vez, la OCPR sostuvo que el 16 de octubre de 2024, durante una actividad oficial del Mercado Familiar, el alcalde utilizó una guagua de sonido municipal para realizar anuncios mientras vestía una camisa alusiva a su candidatura política.

“Esta actuación ocurrió en horas laborables y en una actividad gubernamental. Además, se evidenció que las entregas del programa de ayudas de la OAC eran utilizadas para fotografías publicadas en redes sociales personales del alcalde, y no en las oficiales del Municipio", agregó.

Acorde con contralora “Estas conductas reflejan el uso del cargo y de recursos públicos para promover intereses electorales propios, lo cual está prohibido por la Ley de Ética Gubernamental”.

De la misma forma, la OCPR dijo que una empleada fue designada directora interina de la Oficina de Planificación sin cumplir los requisitos mínimos establecidos. Pues, presuntamente no poseía licencia de planificador ni maestría en Planificación.

“Pese a ello, se le otorgó el diferencial máximo autorizado, ascendiendo a $12,656, sin evidenciar justificaciones extraordinarias. La falta de preparación académica obligó al Municipio a contratar posteriormente un planificador licenciado, con un costo adicional de $32,000. El pago del diferencial y la designación interina contravinieron los requisitos legales aplicables a interinatos y procesos de retribución”, recalcó la Oficina.

También, la OCPR mencionó que el municipio permitió que un bufete contratado excediera los montos máximos de dos contratos sin enmendarlos previamente, lo que provocó pagos ilegales por $75,623.

Además, se pagaron $298,586 por servicios no relacionados con el propósito contractual (derecho laboral), a pesar de que el municipio cuenta con una Oficina de Asuntos Legales con capacidad para esas funciones.

Igualmente, la OCPR señalo que se documentó que personal y equipo del municipio, incluyendo un camión municipal y una excavadora arrendada, fueron utilizados para remover arena en un sector privado del municipio y transportarla a una residencia privada.

“Estas acciones se realizaron durante horas laborables y sin la debida autorización del DRNA, contraviniendo la ley que regula la extracción y traslado de arena. El hecho constituye un uso ilegal de recursos públicos para beneficio particular, ordenado por un subdirector de Obras Públicas”, recalcó la OCPR.

Finalmente, la OCPR indicó que se identificó un patrón generalizado de incumplimiento con los registros diarios (bitácoras) requeridos para el uso de vehículos municipales. Entre 2024 y 2025 se detectó uso de al menos 18 vehículos en fines de semana y días feriados sin documentos que registraran millaje, destino y horas de operación.

Además, hubo más de 400 cargos en AutoExpreso sin respaldo en bitácoras, e incluso vehículos utilizados cuando las personas asignadas estaban ausentes.

“Uno de los vehículos arrendados fue utilizado para transportar al alcalde a una actividad política en Aguas Buenas. El Municipio ya había sido advertido sobre este problema en un informe previo, pero no implementó las acciones correctivas necesarias, perpetuando el riesgo de mal uso de la flota municipal”, finalizó.