Reservas ante medida que propone seguro de responsabilidad obligatorio para embarcaciones

Una propuesta legislativa para imponer un seguro de responsabilidad obligatorio en las embarcaciones de motor recibió reservas de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y otras agencias de gobierno que advirtieron que la medida podría impactar la capacidad administrativa y financiera de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC).

El Proyecto de la Cámara 1156, impulsado por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, pretende establecer una cubierta básica de responsabilidad pública a un costo “razonable y uniforme” y disponer que ninguna embarcación podrá renovar su registro o navegar sin esta póliza.

El estatuto –también de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez– dispone que la estructura de cubierta excluiría los daños producto de actos de negligencia crasa, como operar bajo los efectos del alcohol.

“Hoy día, ni el gobierno, ni la propia industria saben con certeza cuántas embarcaciones en Puerto Rico están aseguradas”, indicó Navarro Suárez, presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio. “Esa falta de data, en sí misma, parte del problema que esta medida viene a corregir”, añadió.

Sin embargo, la comisionada de la OCS, Suzette Del Valle, recomendó la realización de un estudio actuarial para determinar la prima que sería adecuada y la viabilidad operacional de la ASC para administrar un riesgo distinto al de vehículos terrestres.

“Estos elementos son esenciales para que el modelo propuesto sea operacionalmente viable, financieramente sostenible y compatible con la infraestructura existente de la ASC”, puntualizó la comisionada.

Añadió que el análisis deberá incluir la disponibilidad de mercado en la línea marítimo-terrestre para sustentar un formulario uniforme y la estructura de reaseguro necesaria para proteger la solvencia.

Los señalamientos de la agencia fueron compartidos por la presidenta de la ASC, Nereida Carrero, quien alertó que la cubierta propuesta en la medida es significativamente más amplia y compleja que la del seguro compulsorio automotriz.

La deponente mencionó que la inclusión de límites de hasta $100,000 para la remoción de naufragios, así como coberturas para lesiones físicas y daños ambientales, introduce una exposición de severidad que es “incompatible” con el seguro uniforme suscrito por ASC.

“Es importante notar que los altos límites y tipos de cubiertas que se incluyen en la medida posiblemente requieran una prima tan elevada que haga inviable la adquisición y cumplimiento de ley por parte de los dueños de embarcaciones, frustrando así el objetivo legislativo”, comentó Carrero.

El representante Navarro Suárez defendió la legislación al subrayar que existen ciertas pólizas para embarcaciones aprobadas por la OCS, pero no existe un estatuto que imponga a los dueños la obligación de mantener este seguro vigente.

A su vez, detalló que la Guardia Costera de los Estados Unidos reportó 3,887 accidentes de embarcaciones, 2,170 personas lesionadas y 556 muertes en su informe estadístico sobre navegación recreativa para el 2024.

Los datos, que incluyen incidentes en la jurisdicción de Puerto Rico, revelaron que 1 de cada 6 muertes por accidentes de embarcaciones estuvo vinculada al consumo de bebidas embriagantes.

Entre otros asuntos, la comisión legislativa también evaluó el Proyecto de la Cámara 787, presentado por el representante José Aponte Hernández con el mismo fin de exigir un seguro de responsabilidad para embarcaciones.

Esta pieza incluiría las motocicletas acuáticas, balsas de motor, veleros con motor, así como botes o lanchas de cualquier clase, conforme a la definición contemplada en la Ley de Navegación y Seguridad Acuática (Ley 430-2000).

“Entendemos que hay que crear discusión sobre el asunto. Es, creo, tan importante como fue hace 26 años atrás el crear una ley que brinde algún tipo de protección para los que tienen embarcaciones”, manifestó Aponte Hernández.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reconoció la intención “loable” de ambos proyectos de ley, pero sugirió aclarar la definición de embarcación y cuáles serían las compañías aseguradoras que participarán de la póliza requerida.

Según el comisionado de Navegación del DRNA, existen 90,000 embarcaciones registradas en Puerto Rico.

Mientras tanto, la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) rechazó la aprobación de la medida.