Pablo José evita adelantar si derogaría ley sobre impugnación de permisos; alega requeriría análisis
Al preguntársele directamente si derogaría la legislación en un eventual gobierno suyo, evitó comprometerse con eliminarla totalmente y afirmó que primero evaluaría el alcance y efecto de la ley.
El Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, manifestó este jueves que, aunque se opone a la nueva ley que impone requisitos de fianza a ciudadanos que impugnen proyectos de construcción en los tribunales, no asegura que la derogaría por completo de llegar a ocupar la gobernación.
Hernández hizo las expresiones durante una entrevista en el programa Primer Round de Magic 97.3 FM conducido por los periodistas Rafael Lenín López y Dennise Pérez, donde sostuvo que toda la delegación del Partido Popular Democrático votó en contra de la medida.
“No, yo me opongo. Toda la delegación de mi partido le votó en contra”, expresó el funcionario al ser cuestionado sobre la Ley 82-2026.
Sin embargo, al preguntársele directamente si derogaría la legislación en un eventual gobierno suyo, evitó comprometerse con eliminarla totalmente y afirmó que primero evaluaría el alcance y efecto de la ley.
“Si yo llego a ser candidato a la gobernación y electo gobernador, yo evaluaría todas las leyes que se aprobaron en este cuatrienio para hacerle las modificaciones que sean necesarias”, indicó Hernández.
El comisionado residente insistió en que cualquier decisión futura tendría que surgir de un análisis más profundo sobre el impacto de la medida y sus posibles consecuencias.
“Uno tendría que analizar bien su impacto y hacer los ajustes que no necesariamente serían volver a lo que había antes de la ley. Podría consistir en hacerle cambios”, sostuvo.
De igual forma, planteó que, aunque rechaza el proyecto actual, entiende que algunas disposiciones podrían revisarse en vez de eliminarse completamente.
“Todas las leyes tienen que tener algo positivo, pero la responsabilidad será analizarlas todas y tomar decisiones para corregir sus fallas”, expresó durante la entrevista radial.
En medio del intercambio con ambos periodistas, Hernández también dejó claro que no favorece que las fianzas sean impuestas automáticamente a quienes recurran a los tribunales para impugnar proyectos de construcción.
“Obligatoria no debería ser”, afirmó cuando se le preguntó directamente si respaldaría mantener una disposición de ese tipo.
No obstante, también reconoció que existen procesos judiciales donde sí podrían existir mecanismos similares, aunque insistió en que eso requeriría análisis.
“Lo que pasa es que a veces hay casos que conllevan fianza y eso se tendrá que analizar”, añadió.
La entrevista ocurrió mientras continúa la controversia pública por la aprobación de la Ley 82-2026, firmada recientemente por la gobernadora Jenniffer González Colón.
La legislación establece requisitos económicos significativos para ciudadanos, comunidades y organizaciones que quieran impugnar permisos de construcción en foros administrativos o judiciales en Puerto Rico.
La medida ha sido criticada por diversos sectores ambientales, comunitarios y legales, que alegan que podría limitar el acceso a la justicia y dificultar la fiscalización ciudadana sobre proyectos de desarrollo en la isla.
Comisionado Residente se opone a remoción de gatos en el Paseo del Morro
El Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, envió una carta al Servicio Nacional de Parques oponiéndose al posible plan para remover los gatos comunitarios del Paseo del Morro en el Viejo San Juan.
“Como nacido y criado en el Viejo San Juan, reconozco el valor de los gatos en la comunidad, y ejerceré presión ante las agencias federales para protegerlos” explicó el Comisionado Residente.
La carta fue enviada ante preocupaciones de residentes, visitantes y organizaciones defensoras de animales sobre el posible fin del programa Trap-Neuter-Return (TNR), administrado por Save-A-Gato Inc. y Alley Cat Allies desde 2005.
El programa Trap-Neuter-Return (TNR), establecido en 2005, ayuda a controlar de manera humanitaria la población de gatos comunitarios en el Paseo del Morro. En la carta, el Comisionado advirtió que la remoción de los gatos podría resultar en la eutanasia de muchos animales y provocar que nuevos gatos lleguen al área, perpetuando el problema en lugar de resolverlo.
El Comisionado solicitó al NPS suspender cualquier plan de remoción y trabajar junto a organizaciones y miembros de la comunidad para encontrar una solución humanitaria y sostenible.
