Condenan a 30 años de prisión a hombre por explotación infantil en San Juan
Luis Ángel Domenech Acabá fue sentenciado a 360 meses de cárcel y 15 años de libertad supervisada
Por Cybernews
El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó que el jueves, 14 de mayo de 2026, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Aida Delgado Colón, condenó a Luis Ángel Domenech Acabá a 360 meses (30 años) de prisión, seguidos de 15 años de libertad condicional supervisada, por explotación infantil.
El 25 de febrero de 2026, tras un juicio con jurado de tres días, Luis Ángel Domenech-Acabá, de 35 años y residente de San Juan, fue declarado culpable de producción y posesión de pornografía infantil. Esta condena se impuso consecutivamente a una sentencia estatal de seis años por actos lascivos en un caso aparte.
Según las pruebas presentadas en el juicio y revisadas por el jurado, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, Domenech-Acabá explotó sexualmente a una menor de edad, quien tenía 15 años en ese momento. Las pruebas demostraron que utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería por internet para persuadir, inducir, seducir o coaccionar a la menor a participar en actividades sexuales con el fin de producir imágenes de dicha conducta.
Durante el juicio, el gobierno presentó testimonios y pruebas digitales que demostraban que, utilizando teléfonos celulares y otros dispositivos, Domenech-Acabá produjo imágenes y videos que mostraban a una menor participando en actos sexualmente explícitos. También poseía imágenes y videos de la menor y de otras menores participando en actos sexualmente explícitos, los cuales guardaba en una carpeta segura en su teléfono celular.
Muldrow junto a Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, hicieron el anuncio.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) investigó el caso en colaboración con la Policía de Puerto Rico. Las fiscales federales adjuntas Daynelle Álvarez-Lora y Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos contra Menores, Trata de Personas e Inmigración, llevaron el caso.
Este caso se presentó como parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Liderado por las Fiscalías Federales y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad, el Proyecto Infancia Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar mejor a las personas que explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas.
