San Juan, Bayamón y Carolina levantan reservas sobre nuevo Código de Permisos en vista del Senado

El Municipio Autónomo de San Juan levantó reservas sobre la reforma del sistema de permisos que evalúa actualmente el Senado, al advertir que varias disposiciones del Proyecto del Senado 1183 podrían centralizar facultades en el gobierno central y ampliar excesivamente la delegación de funciones a profesionales acreditados privados.

Las expresiones surgieron durante una nueva vista pública legislativa sobre las medidas que buscan crear un nuevo Código de Planificación y Permisos y simplificar los procesos de permisos en Puerto Rico.

En su ponencia, el municipio sostuvo que la reforma “trasciende la reorganización administrativa y redefine la relación entre el gobierno central y los municipios”.

Aunque el municipio reconoció la necesidad de modernizar el sistema actual, advirtió que la medida podría afectar facultades delegadas bajo el modelo de autonomía municipal. “La reforma de permisos presentada es importante, pero no puede ocurrir en el menoscabo de derechos adquiridos o limitaciones de la autonomía delegada”, expresó la administración municipal.

La ponencia también cuestionó disposiciones que permitirían al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) emitir directrices vinculantes para municipios autónomos, lo que, según el municipio, podría desplazar análisis técnicos locales y afectar reglamentos especiales municipales.

Entre los riesgos identificados, San Juan mencionó “sustitución del análisis técnico local”, “menoscabo a la autonomía municipal” y una “uniformidad operativa incompatible con planes especiales municipales”.

Cuestiona expansión de profesionales acreditados

Uno de los señalamientos principales del municipio estuvo dirigido a la expansión de facultades delegadas a profesionales acreditados dentro del sistema de permisos.

“El Municipio no recomienda una delegación excesiva y recomienda controles estrictos por las implicaciones que tiene consigo ya que no se garantiza agilidad, transparencia y celeridad con los trámites”, sostuvo la ponencia.

La administración capitalina argumentó que la figura del profesional autorizado ha provocado problemas relacionados con usos no permitidos y desarrollos incompatibles con la planificación urbana municipal.

Según la ponencia, algunos permisos han permitido desarrollos y ampliaciones “que afectan el orden urbano, va en contra de la política pública Municipal; que busca promover el orden, la seguridad, la sana convivencia, la conservación y protección de los recursos”.

San Juan también recomendó limitar el uso de discreción por parte de profesionales autorizados y fortalecer controles regulatorios y judiciales sobre sus determinaciones.

Bayamón solicita enmiendas

Por su parte, representantes del Municipio de Bayamón respaldaron la intención de las medidas, aunque solicitaron múltiples enmiendas.

A pesar de su apoyo, el municipio destacó que gran parte del problema actual no necesariamente radica en los permisos, sino en la lentitud de agencias que emiten recomendaciones, licencias y certificaciones.

“Uno de los principales factores que inciden en el retraso de los procesos de permisología en Puerto Rico es la dilatación en la emisión de certificaciones, endosos, licencias y recomendaciones de infraestructura por parte de las agencias concernidas”, indicó la ponencia.

El municipio también cuestionó la lógica de otorgar permisos antes de completar procesos de fiscalización o validación técnica.

“La idea de otorgar y luego fiscalizar pudiese resultar en detrimento de todos, un remedio peor que la enfermedad”, sostuvo Bayamón.

La administración municipal advirtió además que muchas agencias y municipios no cuentan actualmente con recursos suficientes para realizar fiscalización posterior efectiva.

“¿La pregunta que surge es, por no poder funcionar las agencias correctamente y no tener recursos suficientes, se debe eliminar el ejercicio de planificación, o se les debe otorgar los recursos necesarios y las instrucciones directas para que cumplan con su responsabilidad?”, cuestionó el municipio.

Bayamón también levantó preocupaciones sobre el modelo de usos automáticos e intensidades permitidas bajo el nuevo código.

“Si una avenida tiene un local industrial, toda la avenida pudiese convertirse en industrial sin cumplir con requisitos básicos como estacionamientos”, expresó el memorial.

El municipio sostuvo además que el lenguaje propuesto podría facilitar conflictos relacionados con alquileres a corto plazo, comercios intensos y usos incompatibles dentro de áreas residenciales.

“Algo similar pudiera ocurrir en las urbanizaciones con espacios destinados a uso de alquiler mediante aplicaciones como la aplicación AirBnB”, indicó la ponencia.

En términos de autonomía municipal, Bayamón también expresó reservas sobre facultades adicionales otorgadas al DDEC y a OGPe.

Asimismo, el municipio advirtió que algunos cambios en lenguaje permitirían a OGPe adjudicar solicitudes discrecionales en ciertos casos, algo que actualmente permanece bajo control municipal.

“Esto puede ser de beneficio a los municipios (...) No obstante, también significaría, para aquellos municipios que lo utilicen, ceder su autonomía”, expresó Bayamón.

Carolina se une a las preocupaciones

Mientras, el Municipio Autónomo de Carolina se excusó de comparecer presencialmente a la vista pública. Sin embargo, en su memorial explicativo sometido ante el Senado, también levantó reservas.

“Modernizar no debe significar improvisar. Simplificar no debe equivaler a desregular. Y agilizar no puede convertirse en aprobar sin el análisis responsable que exige el interés público”, expresó el municipio.

Carolina sostuvo que el Proyecto del Senado 1183 altera “el balance institucional entre desarrollo, planificación y autonomía municipal. Los municipios no somos observadores periféricos del desarrollo económico. Tampoco somos actores secundarios, pasivos o meramente decorativos en las decisiones sobre planificación y permisos. Somos el gobierno más cercano a la gente”.

El municipio también cuestionó el traslado de funciones de control y fiscalización al ámbito privado.

“El Estado no puede trasladar indiscriminadamente funciones esenciales de control al ámbito privado mientras debilita simultáneamente su fiscalización”, indicó el memorial.