Carmelo Ríos alega que hay protestas pagadas para detener construcciones en Puerto Rico
El senador defendió la polémica reforma de permisos aprobada por la Legislatura, mientras María de Lourdes Santiago advirtió que la medida dificultará impugnar proyectos con posibles violaciones ambientales
Las expresiones del senador Carmelo Ríos sobre supuestos manifestantes contratados para detener proyectos de construcción encendieron este martes el debate sobre la recién aprobada reforma de permisos impulsada por la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP).
El intercambio ocurrió durante el segmento Entérate de la periodista Milly Méndez en el programa Día a Día, donde también participó la senadora María de Lourdes Santiago.
La discusión giró en torno al Proyecto de la Cámara 310, medida presentada por los representantes Jorge Navarro Suárez y Josean Jiménez Torres, que ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa y espera la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón.
La legislación modifica el sistema de permisos en Puerto Rico y endurece los requisitos para que ciudadanos, comunidades o grupos puedan acudir a los tribunales a impugnar proyectos de construcción o solicitar su paralización.
Entre los cambios, la medida exige que quienes busquen detener un proyecto demuestren un interés propietario o personal afectado por un daño “inminente”, además de establecer que toda solicitud de paralización deberá incluir una fianza no menor al 10% del valor total del proyecto.
Durante el panel televisivo, Santiago advirtió que la nueva ley hará “mucho más cuesta arriba” que las comunidades puedan detener proyectos que alegadamente incumplen con leyes ambientales o permisos.
“Lo que busca esta medida es dificultar el que la gente pueda impugnar y solicitar la paralización de un proyecto, a menos que someta esta fianza”, sostuvo la senadora independentista.
Como ejemplo, Méndez planteó un escenario hipotético de un proyecto valorado en $1.7 millones, cuya impugnación requeriría una fianza cercana a los $170,000.
“Nadie tiene eso”, respondió Santiago.
Ríos, sin embargo, defendió la medida y aseguró que detrás de la legislación existe preocupación por casos donde, alegadamente, proyectos autorizados terminan detenidos por personas que no necesariamente residen en las comunidades impactadas.
“Dentro del proceso legislativo se dio de que había gente protestando en proyectos que no les afectaba más allá de los intereses de algunos desarrolladores que, boicoteando otros desarrolladores, contratan —escuchen esto— ‘protestones’ profesionales para detener el proyecto”, afirmó el senador novoprogresista.
“Oye, y algunos hasta salen electos”, añadió posteriormente.
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Las expresiones provocaron una rápida reacción de Santiago, quien rechazó el planteamiento y defendió el derecho de cualquier ciudadano a cuestionar proyectos que alegadamente incumplan con disposiciones ambientales.
“La legalidad de una construcción o de determinadas actividades tiene que ser un principio que pueda invocar cada ciudadano y cada ciudadana, porque de lo contrario es cerrarle las puertas”, expresó.
La senadora utilizó como ejemplo controversias ambientales recientes como el caso de Sol y Playa en Rincón, donde ciudadanos y organizaciones ambientales protestaron contra construcciones en la zona marítimo terrestre.
Ríos planteó que, bajo la nueva legislación, las protestas continuarían siendo permitidas, aunque diferenció entre manifestarse y solicitar la paralización oficial de un proyecto.
“Usted puede ir y protestar. Nadie lo va a arrestar por protestar”, sostuvo Ríos.
El debate también alcanzó el tema del vertedero de Carolina, donde ambos legisladores chocaron sobre si la nueva ley limitaría futuras impugnaciones ambientales relacionadas con alegadas violaciones en el manejo del lugar.
La medida también incluye disposiciones que permitirían desarrollos estratégicos o de infraestructura crítica en terrenos clasificados como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos, siempre que existan estudios técnicos y criterios de necesidad.
Además, contempla la integración de sistemas de generación eléctrica y microrredes como parte de esos proyectos.
Tras la aprobación legislativa, Navarro Suárez defendió la pieza asegurando que busca establecer procesos “claros, seguros y ágiles” para promover el desarrollo económico en Puerto Rico.
