Grupos sindicales reclaman permanencia de Ley de Salario Mínimo y de la Comisión Evaluadora

Portavoces de los principales gremios sindicales rechazaron este lunes ante la Cámara de Representantes la propuesta legislativa que pretende eliminar la Ley 41-2021, conocida como la Ley de Salario Mínimo, al declarar que los datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) evidencian que el estatuto ha tenido un efecto positivo en la economía y beneficiado a sobre 250,000 empleados puertorriqueños.

Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), destacó que los indicadores más relevantes del DTRH mostraron, hasta diciembre de 2025, una reducción en la tasa de desempleo a 5.7 %.

El líder sindical también mencionó que, a esa misma fecha, la participación laboral ascendió a 45.4 % y, según las cifras de la agencia, Puerto Rico logró estabilidad en la retención de empleados en sectores productivos.

“Cuando se benefician 250,000 trabajadores en el país… eso es un dato que hay que celebrarlo y que, por lo tanto, algo bueno salió desde la Legislatura que debemos defender”, instó Nieves Torres ante la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, presidida por el representante Roberto López Román.

“Estos datos derrumban el argumento de que el aumento en el salario mínimo provoca pérdida de empleos o cierres de negocios. Por el contrario, confirman que mejorar el ingreso de los trabajadores dinamiza la economía”, puntualizó el deponente.

El representante López Román, autor del Proyecto de la Cámara 1115, convocó a las asociaciones de trabajadores a una vista pública luego de que un primer informe recomendado su aprobación fuera devuelto por el pleno a la comisión legislativa.

Con la medida, el legislador persigue devolverle a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo estatal bajo el argumento de que esta determinación se basa en un proceso sujeto a la rendición de cuentas que “solo los funcionarios electos pueden ofrecer”.

Para López Román, la delegación de esta autoridad en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, creada bajo la Ley 47, no ha cumplido con los objetivos de agilidad y representatividad para los cuales fue concebida, operando de manera limitada con cinco de los siete miembros que exige la legislación.

“La inoperancia administrativa de la Comisión Evaluadora queda evidenciada al observar que, desde su creación, ha enfrentado períodos de inacción prolongados por falta de quórum”, reza la conclusión emitida por el representante, quien negó que su intención sea “congelar” el salario mínimo actual de $10.50 por hora.

Según López Román, un ejemplo de este incumplimiento es el sector agrícola al permanecer con un salario base de $5.08 por hora en diversos renglones, lo que catalogó como un sueldo de “extrema precariedad”.

Además, señaló que la información proporcionada por el DTRH muestra que, a partir del 2024, la Comisión Evaluadora no celebró reuniones en un total de 12 meses, a pesar de que la Ley 47 exige que se efectúen encuentros de trabajo mensuales.

“Estamos hablando aquí del salario mínimo de la mayoría de las personas en Puerto Rico… y yo lo que no entiendo es, si esto es un asunto tan importante, por qué hubo meses donde no hubo comunicación entre ustedes”, reprochó López Román.

Sin embargo, los diversos dirigentes sindicales insinuaron que las reuniones suspendidas fueron resultado del calendario limitado de la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez, y los cambios que han surgido en la jefatura de la agencia desde 2024.

Los deponentes defendieron la permanencia de la Comisión Evaluadora como un ente independiente cuya tarea es ejecutar la política pública laboral y limitar las consideraciones político-partidistas.

Aunque reconocieron que la Ley 47 puede fortalecerse, argumentaron que la normativa vigente es la mejor apuesta para establecer los criterios relacionados al costo de vida y el ingreso mínimo requerido para superar el umbral de pobreza.

“El objetivo es que toda persona que trabaje a tiempo completo, independientemente de su preparación académica u ocupación, devengue un salario para poder vivir”, puntualizó el economista Iyari Ríos, quien pertenece a la Comisión de Evaluadora.

Entre las preocupaciones del también profesor universitario está la eliminación de la periodicidad para las revisiones al salario mínimo que, actualmente, deben ser realizadas cada dos años.

Mientras tanto, la profesora Vanessa Contreras, portavoz del Movimiento Solidario Sindical, fundamentó las vacantes en el organismo a la falta de nombramientos por parte del Ejecutivo de los miembros que representarán a los trabajadores y patronos.

“Incluso con una composición incompleta, la Comisión logró en el verano de 2024 un aumento a $10.50 por hora, cumpliendo con su mandato de que nadie que trabaje a tiempo completo viva bajo el nivel de pobreza”, abogó. “

Por su parte, el representante Héctor Ferrer Santiago manifestó su oposición a la legislación al destacar que la Ley 47, de su autoría, permitió elevar el salario mínimo luego de que no fuera revisado durante más de una década.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) recordó que, previo a la aprobación de la Ley 47, el salario mínimo había sido ajustado en 2009 a $7.25 por hora en respuesta al aumento escalonado del salario mínimo federal.

“Sin la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, sin la Ley 47, no se hubiese dado un aumento al salario mínimo. Y para eso hubo voluntad política de que los miembros en aquel momento de la Asamblea Legislativa, de todos los partidos, entendieran que deberían ser los expertos los que tomaran la decisión”, aseveró Ferrer Santiago.

Entre otros grupos que participaron de la audiencia en oposición al proyecto de ley estuvo la Unión General de Trabajadores, cuyo presidente Edwin Méndez sugirió que se incluyan enmiendas para dotar a la Comisión Evaluadora de mejores recursos técnicos “que propendan hacia una mayor institucionalidad”.

También depuso el presidente de la organización United Auto Workers, Wilkin López, quien también es miembro de la Comisión Evaluadora. El dirigente sindical reclamó ante los legisladores un mayor presupuesto para el organismo tras mencionar que para el año fiscal vigente recibió alrededor de un 70 % menos de lo solicitado.

Añadió que la entidad peticionó un presupuesto de $729,000, pero le fue otorgado una asignación de $205,000 consignada únicamente para las partidas de nómina y costos relacionados. Este presupuesto, según indicó, dejó sin fondos las partidas diseñadas para servicios profesionales y publicidad.