Gobernadora firma ley para limitar impugnaciones de permisos
La Ley 82 de 2026 enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico
Por Cybernews
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley este martes una medida que establece nuevos requisitos para personas o entidades privadas que busquen impugnar permisos o actuaciones relacionadas con proyectos de construcción en Puerto Rico.
La Ley 82 de 2026 enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, con el fin de precisar los estándares de legitimación activa en controversias judiciales sobre autorizaciones de proyectos.
La legislación limita las impugnaciones basadas únicamente en alegados incumplimientos de ley o reglamento, cuando no se demuestre un daño particular a la persona o entidad que presenta la acción.
Además, dispone que toda solicitud de paralización de obras mediante recursos judiciales o administrativos deberá incluir una fianza, cuyo monto no podrá ser menor al 10% del valor total del proyecto. Este requisito será obligatorio en casos que busquen detener construcciones previamente autorizadas.
La medida también fortalece los fundamentos para solicitar la revocación de permisos cuando estos hayan sido obtenidos mediante información incorrecta o falsa que haya inducido a error a la entidad emisora.
Asimismo, aclara que errores u omisiones procesales subsanables, que no generen daño inminente, no serán suficientes para sustentar un recurso extraordinario.
La legislación establece además la comparecencia de partes indispensables en acciones de revocación y enmienda disposiciones del Código Municipal relacionadas a ciertos usos de suelos rústicos especialmente protegidos.
Según La Fortaleza, los cambios buscan ofrecer mayor certeza jurídica, uniformidad en la aplicación de la Ley de Permisos y facilitar proyectos de construcción vinculados al desarrollo económico.
La gobernadora también vetó el Proyecto de la Cámara 153, que proponía crear la Ley Habilitadora para Implantar el Plan de Alerta Hero.
El veto fue impartido por preocupaciones sobre el derecho a la privacidad, debido a que la medida requería divulgar información sensitiva sobre veteranos desaparecidos, incluida la posible existencia de condiciones físicas o mentales.
La Fortaleza sostuvo que el proyecto también podía fomentar estigmatización o discrimen contra la población veterana, al crear una alerta separada basada en la condición de veterano.
La gobernadora vetó además el Proyecto del Senado 625, que enmendaba la Ley de Reforma Educativa para reducir la cantidad de estudiantes por maestro en clases de educación física.
Según La Fortaleza, la medida podía generar retos operacionales y presupuestarios, además de limitar la flexibilidad administrativa del Departamento de Educación para atender cambios en matrícula y necesidades particulares de cada escuela.


