Denuncian estrategia del Gobierno para “silenciar a comunidades y organizaciones de justicia climática”
Tribunal impuso fianza a la organización para continuar con el caso que lleva contra el gobierno de Jenniffer González por dilatación en la firma del PMARCC
La organización El Puente Puerto Rico denunció este martes, una estrategia organizada por parte del Gobierno de Puerto Rico para obstaculizar el acceso a la justicia de las organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática en el archipiélago.
En el marco de la demanda de mandamus radicada el pasado mes de marzo por El Puente Puerto Rico contra la gobernadora Jenniffer González Colón y la Cámara de Representantes por la inacción ante el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC), el Gobierno argumentó ante el Tribunal de Primera Instancia que la organización debe pagar una fianza de $5,000 por tener base fuera de Puerto Rico. Sin embargo, la organización advirtió que este movimiento no es aislado, sino parte de un patrón deliberado para descarrilar la participación ciudadana en asuntos ambientales.
“Esta es la tercera vez que vamos ante los tribunales para lograr que el PMARC se apruebe, un proyecto que surge de una ley aprobada por el mismo PNP (Partido Nuevo Progresista). En todas las instancias anteriores, los tribunales nos han dado la razón. Sin embargo, ahora que la demanda es contra la gobernadora, el Estado busca detenernos. Esto no es una casualidad, es un plan concertado”, expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico.
El cuadro se completa con el Proyecto de la Cámara 310 (PC 310), que actualmente se encuentra en el escritorio de la gobernadora esperando su firma. Esta medida, aprobada en el Senado el 13 de abril sin vista pública, requeriría una fianza equivalente al 10% del costo de cualquier proyecto de construcción para poder radicar una querella legal o administrativa. En el caso del megaproyecto Esencia, valorado en $2,000 millones, por ejemplo, eso significaría que un pescador o residente tendría que desembolsar $200 millones tan solo para presentar un caso. La medida, además, eliminaría la facultad judicial de exonerar de ese pago a comunidades de escasos recursos y permitiría construir en suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como “proyecto estratégico”.
“Ambas cosas están relacionadas, porque el PMARCC presenta acciones que van en contra del desarrollismo que estamos viendo alrededor de las islas. No hay duda de que es un plan concertado para descarrilar a las organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática, para darle rienda suelta a los desarrolladores y permitir que se construya a costa de nuestros recursos y de nuestras comunidades. La táctica que han usado con nosotros en el caso del PMARCC es un anticipo de lo que viene si la gobernadora firma el PC 310”, advirtió Cintrón Moscoso.
El PC 310 llega en medio de una oleada de desarrollos de lujo a gran escala en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza. La Coalición Defiende a Cabo Rojo, respaldada por más de 350 personas y 56 organizaciones, solicitó una reunión urgente con la gobernadora para exigir su veto, pero no ha recibido respuesta.
El Puente Puerto Rico recalcó que la situación alrededor del PMARCC resulta especialmente reveladora. El plan fue elaborado por una comisión de expertos nombrada bajo la administración del pasado gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, aprobado por el Senado el 18 de noviembre de 2025, y sin embargo la gobernadora y la Cámara de Representantes lo mantienen en el limbo. Ante esa inacción, la organización radicó un recurso de mandamus para exigir que se cumpla con lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019).
“Si para defender un plan que el propio Gobierno creó nos quieren imponer fianzas y trabas procesales, qué le espera a las comunidades que quieran defenderse de proyectos que amenazan sus hogares y su entorno. La gobernadora continúa gobernando para los intereses económicos que pretenden destruir nuestras costas y comunidades”, señaló Cintrón Moscoso.
Debido a la importancia de este asunto, El Puente Puerto Rico buscará pagar la fianza para que el caso continúe su curso en los tribunales. A casi siete años de la aprobación de la Ley 33-2019, Puerto Rico sigue sin contar con un plan integrado para atender la crisis climática, aun cuando el archipiélago se encuentra entre los territorios más afectados por el calentamiento global. La ausencia del PMARCC agrava las condiciones de las comunidades más vulnerables, exponiéndolas al calor extremo, la mala calidad del aire, y mayores riesgos para la infraestructura, el turismo y la agricultura.
El Puente Puerto Rico reiteró su llamado a la gobernadora González Colón a que actúe sobre el PMARCC conforme a la ley y que vete el PC 310, cuya aprobación representaría un golpe devastador para el acceso a la justicia ambiental y climática en Puerto Rico.
