Tribunal federal devuelve a foro estatal demandas contra LUMA
Jueza concluye que el caso responde a poderes regulatorios del gobierno y debe verse en Puerto Rico.
El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico ordenó este viernes devolver al Tribunal de Primera Instancia las dos demandas presentadas por el gobierno de Puerto Rico para impugnar la extensión del contrato de LUMA Energy, un revés a los argumentos de la empresa, la Junta de Supervisión Fiscal y bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En una determinación de 35 páginas, la jueza federal concluyó que las acciones incoadas —una por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la AEE, y otra por la gobernadora Jenniffer González Colón— deben atenderse en el foro estatal porque buscan hacer cumplir la política pública del gobierno, no adjudicar reclamaciones económicas dentro del proceso de quiebra.
La decisión rechaza el planteamiento de que el caso debía permanecer en el tribunal de Título III bajo PROMESA, pese a que reconoció que existe jurisdicción federal sobre la controversia.
“El tribunal concluye que las acciones deben devolverse al tribunal estatal porque caen dentro de la excepción de poder regulatorio del gobierno”, establece la orden judicial.
Choque con argumentos de LUMA y la Junta
La determinación contrasta con los argumentos presentados por LUMA, la Junta Fiscal y un grupo de acreedores, quienes insistieron en que la controversia debía permanecer en el tribunal federal por su vínculo con la reestructuración de la AEE.
Estos sectores advirtieron que anular el contrato podría provocar inestabilidad en el sistema eléctrico y afectar el proceso de quiebra, incluso retrasándolo por años.
Sin embargo, la jueza determinó que el elemento central del litigio no es financiero, sino regulatorio: si la extensión del contrato de 2022 cumplió con las leyes locales que rigen las alianzas público-privadas y la transformación del sistema eléctrico.
Clave: poder regulatorio y no reclamo económico
El tribunal enfatizó que el gobierno no busca dinero ni activos, sino validar si la extensión contractual se otorgó conforme a ley.
Ese elemento fue determinante para concluir que el caso encaja en la excepción que limita la remoción de casos al foro federal cuando el gobierno actúa en ejercicio de sus poderes regulatorios.
Además, la jueza subrayó que el propio contrato de operación del sistema eléctrico contiene una cláusula que obliga a que disputas como esta se litiguen en tribunales de Puerto Rico, lo que refuerza la devolución del caso al foro estatal.
Dkt. 68 Memorandum and Order Remanding Case to State Court by Metro Puerto Rico
Las demandas buscan invalidar la extensión del acuerdo suplementario que permitió a LUMA continuar operando el sistema de transmisión y distribución más allá del plazo original, alegando que el proceso incumplió requisitos legales, incluyendo aprobaciones regulatorias y legislativas.
De prosperar ese planteamiento en el foro estatal, el gobierno aspira a forzar un proceso de transición del operador del sistema eléctrico.
