Entre la espada y la pared: familias en Puerto Rico enfrentan el riesgo de perder ayudas esenciales al aumentar sus ingresos

En Puerto Rico, aceptar un aumento de salario o trabajar más horas no siempre significa una mejor calidad de vida. Para muchas familias, puede representar exactamente lo contrario, perder acceso a ayudas esenciales como vivienda pública, cubierta médica o asistencia nutricional.

Esa es una de las principales conclusiones del nuevo análisis del Instituto del Desarrollo de la Juventud titulado Entre la espada y la pared: La caída abrupta de beneficios del gobierno y la movilidad económica de las familias en Puerto Rico, un estudio que examina cómo el diseño actual del sistema de protección social puede convertirse en una barrera para la movilidad económica.

El informe analiza programas como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Medicaid–Plan Vital, vivienda pública y TANF-C, y concluye que aumentos pequeños en ingresos pueden provocar reducciones desproporcionadas en beneficios gubernamentales, incluso mayores al ingreso adicional recibido por las familias.

En una isla donde el 52% de los niños y niñas vive bajo niveles de pobreza y la participación laboral ronda el 45%, el estudio sostiene que el diseño de estos programas influye directamente en las decisiones económicas y laborales de miles de hogares.

“Cuando aceptar un aumento salarial puede poner en riesgo vivienda, salud o alimentación, las decisiones que toman las familias no son irracionales; son decisiones de protección. Ese tipo de dilema revela una falla en el diseño del sistema y una barrera real para la movilidad económica de las familias en Puerto Rico”, expresó Sarah Vázquez Pérez, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud.

El análisis combina simulaciones basadas en reglas actuales de elegibilidad con entrevistas y grupos focales realizados a participantes y personal técnico de agencias gubernamentales. Según el estudio, muchas familias terminan tomando decisiones bajo incertidumbre, como rechazar aumentos salariales, limitar horas de trabajo o recurrir al empleo informal para no perder beneficios esenciales.

Uno de los hallazgos más importantes es que no todos los programas funcionan de la misma manera. Mientras el PAN incorpora mecanismos que permiten transiciones más graduales hacia el empleo, otros programas, como TANF-C, presentan pérdidas abruptas de ayudas tan pronto aumentan los ingresos del hogar. En el caso de vivienda pública, incluso un aumento salarial puede traducirse rápidamente en una renta significativamente más alta.

La Dra. Enid Rosario Ramos, asociada de investigación del IDJ y una de las autoras del informe, sostuvo que existen alternativas viables para atender el problema.

“Es esencial enfatizar que la caída abrupta de beneficios tiene soluciones viables. Por ejemplo, nuestra investigación revela que ya existen diseños de programas, como lo es el PAN, que suavizan esta caída con procesos de transición graduales y mayores deducciones de ingreso. Por otro lado, existen modelos de servicio, tanto en Puerto Rico, como en otras jurisdicciones en Estados Unidos, que ofrecen un manejo de caso centrado en la familia”, destacó Rosario Ramos.

La investigadora también subrayó la importancia de acompañar a las familias con información clara sobre cómo cambios en sus ingresos pueden afectar sus beneficios y oportunidades de progreso.

“Las herramientas existen; hay que ponerlas al servicio de las familias”, puntualizó.

Entre los testimonios recopilados durante los grupos focales, las familias describieron experiencias relacionadas con aumentos en la renta de vivienda pública, reducciones en beneficios nutricionales y temor a perder cubierta médica al exceder límites de elegibilidad.

El estudio añade que, según datos de la ESeFaM 2024 del propio instituto, el 29% de las familias con menores e ingresos de hasta $35,000 participa simultáneamente en tres o más programas de asistencia gubernamental, lo que multiplica el impacto cuando varios beneficios se reducen al mismo tiempo.

Para el IDJ, el tema requiere atención urgente desde la política pública, particularmente en momentos en que se discuten cambios a programas de asistencia tanto a nivel federal como local.

“Este es un asunto urgente de política pública. El diseño de los programas en Puerto Rico tiene un impacto directo en las decisiones de las familias y en sus oportunidades de progreso. No podemos seguir hablando de empleo, pobreza y desarrollo económico sin atender ese efecto en la vida real de las personas”, afirmó Estela M. Reyes Rodríguez, directora de Abogacía del IDJ.

Entre las recomendaciones del análisis se encuentran establecer períodos de gracia cuando las personas comienzan a trabajar, implementar reducciones escalonadas de beneficios, fortalecer la coordinación entre agencias y desarrollar herramientas que permitan a las familias anticipar cómo un cambio en ingresos podría afectar su elegibilidad.

Más allá de ajustes técnicos, el informe insiste en la necesidad de adoptar un enfoque centrado en las familias y en reconocer la complejidad de las decisiones económicas que enfrentan diariamente.