Reforma de permisos avanza entre respaldos condicionados y reservas técnicas

El proceso de reforma del sistema de permisos en Puerto Rico continúa avanzando en la Legislatura, marcado por un consenso amplio sobre la necesidad de cambios, pero también por diferencias entre el Senado, la Cámara de Representantes y el sector privado sobre cómo deben implementarse.

Las discusiones giran principalmente en torno al Proyecto del Senado 1183, que propone un nuevo Código de Planificación y Permisos, y otras medidas dirigidas a simplificar los procesos actuales, reducir tiempos y promover la inversión.

En la vista pública del martes, el senado ha tomado un giro más técnico y ambiental, con énfasis en los efectos estructurales de la reforma y sus implicaciones a largo plazo.

El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, dejó claro que el cuerpo legislativo examinará la medida con cautela, particularmente en lo relacionado con el balance entre desarrollo económico y protección ambiental.

“Vamos a evaluar esto, pero de la misma manera tengo que decir con toda franqueza que nosotros vamos a mirar esto con detenimiento y lo que no hemos permitido antes, no lo vamos a permitir ahora. Y si de verdad queremos agilizar los permisos y que Puerto Rico tenga un ambiente de competitividad, pero también que se protejan los recursos naturales y ambientales, como corresponde a lo que es correcto, pues el Proyecto del Senado 1183 como que se aleja un poco de eso”, expresó Rivera Schatz.

En ese mismo escenario, múltiples deponentes del ámbito académico, técnico y comunitario advirtieron sobre posibles impactos de la propuesta, particularmente en áreas sensibles como la zona marítimo-terrestre y la planificación territorial.

El oceanógrafo Miguel Canals cuestionó directamente la definición propuesta en el proyecto, al plantear que podría alterar la titularidad de espacios costeros.

“En otras palabras, el título de propiedad de la playa seca pasa de ser del Estado y del pueblo de Puerto Rico a un dueño privado (...) Yo interpreto esto como una expropiación del Estado a sí mismo y al pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

A nivel institucional, el presidente de la Junta de Planificación también respaldó la necesidad de reformar el sistema, pero advirtió sobre cambios estructurales que podrían desestabilizar el andamiaje existente.

Según su ponencia, eliminar marcos legales como la Ley 75 implicaría “remover esa base estructural”, además de riesgos relacionados con fondos federales y procesos de participación ciudadana.

Incluso, en un momento de la vista, reconoció que el sistema actual podría ser superior al propuesto en su forma actual, lo que provocó cuestionamientos directos desde el liderato senatorial sobre la necesidad de legislar sin garantizar mejores prácticas.

Desde el ámbito comunitario, organizaciones advirtieron que la reforma podría debilitar procesos de planificación participativa y afectar iniciativas de desarrollo urbano ya en marcha, insistiendo en la importancia de mantener mecanismos de participación ciudadana dentro del sistema.

Impulso económico con advertencias regulatorias

En la Cámara de Representantes, el enfoque estuvo más alineado al impacto económico de la reforma, particularmente en sectores como la agricultura y la salud.

El Departamento de Agricultura respaldó la medida en vista el martes, al señalar que facilitaría el uso productivo de terrenos y la expansión de operaciones agrícolas, destacando la reducción de cargas burocráticas.

“Desde la perspectiva agrícola, esta transformación representa un avance significativo al reducir los tiempos de evaluación, disminuir cargas burocráticas, y facilitar la formalización y expansión de operaciones agrícolas”, indicó el secretario Irving Rodríguez.

No obstante, la agencia advirtió que cualquier cambio debe mantener un balance entre agilización, protección ambiental y preservación de suelos agrícolas, subrayando la necesidad de criterios técnicos claros para clasificar terrenos productivos.

En esa línea, también se discutió el modelo de desarrollo agrícola en “cluster”, que permitiría concentrar la actividad en una parte del terreno, mientras el resto se destina a producción, aunque generó cuestionamientos sobre su impacto en el uso del suelo.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, centró su atención en la claridad regulatoria, particularmente en torno a las competencias entre agencias.

“Yo soy uno de los que creo que el certificado de necesidad y conveniencia es algo inherente de Salud. No debe estar en las manos del Departamento de Desarrollo Económico porque darían certificados a tutiplén sencillamente pensando en desarrollo económico, no en una condición que tiene que ver con salud”, sostuvo.

Desde el Departamento de Salud, sin embargo, se expresó respaldo a la legislación tal como está redactada, al considerarla un paso necesario para el desarrollo económico con garantías de salud pública.

“Provee el marco necesario para un crecimiento ordenado y sostenible, asegurando que cada paso hacia el desarrollo respete y fortalezca las garantías fundamentales de salud”, afirmó el secretario Víctor Ramos.

Sector privado respalda con condiciones y reclamos estructurales

El sector privado ha coincidido en que el sistema actual de permisos representa un obstáculo significativo para el desarrollo económico, aunque su respaldo a la reforma está condicionado a ajustes técnicos y operacionales.

Durante las vistas, organizaciones como la Asociación de Constructores, la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio apoyaron la transformación del sistema, señalando problemas estructurales como la fragmentación interagencial y la lentitud en la adjudicación de permisos.

“El sistema de permisos (...) evidenció limitaciones prácticas significativas, incluyendo la persistencia de procesos redundantes, la fragmentación interagencial, la dilación en la adjudicación de solicitudes y la falta de uniformidad en la aplicación de criterios técnicos”, expresó el secretario auxiliar de OGPe, Norberto Almodóvar Vélez.

En términos generales, el sector favorece modelos más ágiles, como el Registro de Uso de carácter declarativo, que permitiría iniciar operaciones de inmediato, sujeto a fiscalización posterior.

“La presentación de estos proyectos de ley resulta sumamente positiva y valiosa (...) para transformar el sistema de permisos, de manera que sea un instrumento verdaderamente efectivo para promover la inversión de capital y el crecimiento económico de Puerto Rico”, indicó la Asociación de Constructores.

Sin embargo, no todo el sector coincide plenamente. La Asociación de Alcaldes, por ejemplo, advirtió que la reforma podría debilitar la autonomía municipal al centralizar funciones en el gobierno central.

“La Exposición de Motivos se presenta bajo una bandera de ‘descentralización responsable (...) sin embargo, el texto de ley propuesto tiene el efecto contrario a la descentralización”, sostuvo la organización.

Según plantearon, el diseño del nuevo código podría reducir el rol de los municipios en la toma de decisiones, trasladando facultades a estructuras centralizadas o incluso a figuras privadas, lo que, a su juicio, requiere mayor deliberación legislativa.