Aprueban medida para fortalecer control y uso de inventarios de propiedades públicas en desuso
La legislación promueve convertir estas propiedades en una herramienta activa de política pública
El Senado de Puerto Rico aprobó en sesión ordinaria el Proyecto del Senado 810, una medida dirigida a fortalecer el manejo y disposición de las propiedades inmuebles en desuso del Gobierno de Puerto Rico, mediante un sistema más organizado, transparente y coordinado entre agencias.
La legislación promueve convertir estas propiedades en una herramienta activa de política pública, dejando atrás la práctica de mantener inventarios sin utilidad concreta para el desarrollo de Puerto Rico. En ese sentido, la medida establece mecanismos para que estos activos sean identificados, evaluados y encaminados hacia usos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.
Asimismo, la medida armoniza el marco legal vigente con legislación previamente aprobada, incluyendo la Ley 171-2025, con el propósito de fortalecer la coherencia y efectividad de la política pública relacionada con los bienes inmuebles del Estado.
“Es fundamental garantizar claridad sobre quién administra cada propiedad, evitando que una misma aparezca en múltiples inventarios. Este proyecto impulsa a las agencias a trabajar de manera coordinada, validar la información y mantener inventarios actualizados y confiables”, expresó la senadora Jamie Barlucea.
Uno de los aspectos centrales de la medida es la transformación en la composición y funcionamiento del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI). Durante el proceso de vistas públicas, se evidenció que distintas agencias mantienen inventarios separados y, en muchos casos, inconsistentes entre sí, lo que ha provocado duplicidad de registros y falta de claridad sobre la jurisdicción de estas propiedades.
Ante esta realidad, la legislación dispone la integración de todas las agencias con jurisdicción sobre propiedades públicas dentro de un mismo Comité, incluyendo el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Educación y la Autoridad de Edificios Públicos, con el fin de asegurar una gestión coordinada y efectiva.
De esta forma, se establece un proceso continuo de revisión interagencial que permitirá identificar discrepancias, eliminar duplicidades y definir con claridad la titularidad de cada propiedad, facilitando una toma de decisiones más ágil y fundamentada.
La senadora destacó que esta medida representa un paso importante hacia una administración más eficiente de los recursos del Estado, al viabilizar que propiedades en desuso puedan ser destinadas a proyectos de desarrollo económico, iniciativas de vivienda o esfuerzos de beneficio comunitario.
