PPD denuncia que Justicia no evaluó 24 páginas del expediente de Suzanne Roig incluyendo el correo dirigido a “baby”

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, denunció este lunes que el Departamento de Justicia no entregó el expediente completo de la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes al Senado, quien había sido investigada por un patrón de subcontratación en contratos de Salud cuando fungió como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual en 2022.

Entre las 269 páginas entregadas al Senado por el Departamento de Justicia, el pasado viernes, hay unas 24 que incluyen presuntas irregularidades cometidas por parte de Roig Fuertes, que, sin embargo, no formaron parte del expediente investigativo en su contra.

“Faltan 24 páginas, y no incluyeron el correo electrónico enviado a ‘Baby’ por Roig Fuertes. ¿Y por qué eso es importante? Porque de investigarlo confirmaría que existía un vínculo entre ellos y la teoría de interferencia contractual”, señaló el portavoz Luis Javier Hernández Ortiz.

Asimismo, Hernández Ortiz solicitó a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, la reapertura del caso relacionado con Suzanne Roig y la destitución inmediata de sus funciones por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón.

A su vez, el senador José L. Dalmau Santiago denunció la contradicción en los documentos enviados por Justicia.

“Esto no parece ser una omisión sencilla, nos preocupa sorprendentemente que en el expediente que Justicia nos envía, no aparezca información que sí tiene el que remitió Salud al Senado. Eso no es lo único: tampoco sale en ese expediente remitido por Justicia”.

Según los documentos, Roig Fuertes promovió que se le aumentara la compensación a un proveedor, en este caso al hogar Hacienda Don Luis, $60,000 dólares por un solo participante para que One Source Investigation —compañía presidida por Jesús Nadal Sárraga— recibiera $40,000 dólares, una cantidad muy superior a los $3,000 a $5,000 mensuales que usualmente se pagan por participante.

Por su parte, el senador José Santiago Rivera señaló, que el 13 de junio de 2025, Nadal Sárraga demandó al segundo proveedor de servicios de este participante al alegar incumplimiento de contrato y cobro de dinero.

“Exigió el pago de $120,000 dólares por concepto de tres facturas en las que exige el pago de $40,000 dólares por los meses de enero, febrero y marzo del 2022“, expresó Santiago Rivera.

“El lunes pasado, nuestra delegación solicitó a Justicia la reapertura de este caso y que se entrevisten a todas las personas involucradas. Además, se desprende de manera evidente que Jesús Nadal Sárraga y Wilfredo Benítez González fueron quienes intervinieron para lograr beneficios contractuales sin pasar por el proceso de contratación del Gobierno, ¿cuánto más tiene que esperar el País para que se investigue y se procese este caso”, insistió el portavoz Hernández Ortiz.

Benítez González— quien ha sido señalado en correos electrónicos y por el senador Hernández Ortiz como un representante cercano o “asesor” de la empresa— visitó este Hogar para ver si podían alojar allí a este paciente; y el aumento de $5,000 dólares por el contrato.

“Le pedimos nuevamente a Justicia por la transparencia de los proceso para que el pueblo este tranquilo de que las agencias investigadoras no son parciales a favor de nadie, que no son para darle toallazos ni muchos menos esconder casos contra nadie”, añadió el portavoz Hernández Ortiz.

La portavoz alterna, Marially González Huertas además, señaló que esta funcionaria de confianza de la gobernadora y quien ella ha defendido consistente, usó su posición para favorecer la contratación de una entidad privada a través de un proveedor de servicios.

De acuerdo con lo que ha trascendido, la funcionaria fue referida a Justicia en 2022 y la investigación se extendió por cerca de tres años, pero fue archivada el 30 de octubre de 2025 “por falta de pruebas” bajo la administración de González Colón quien, el mismo día, ascendió a la fiscal que investigó a Roig Fuertes.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, rechazó este lunes las expresiones de miembros de la delegación del Partido Popular Democrático y sostuvo que el expediente remitido al Senado fue entregado sin omisiones ni alteraciones.

Gómez Torres indicó que toda determinación de cierre de investigación fue tomada “conforme a derecho y basada estrictamente en la evidencia disponible, no en especulaciones ni rumores”.

La funcionaria precisó que el expediente enviado al Senado de Puerto Rico y a la delegación concernida corresponde al documento recibido del Departamento de Salud durante la incumbencia del entonces secretario Carlos Mellado.

“Es importante aclarar que el expediente entregado es exactamente el que fue recibido por Justicia. No se omitió contenido ni se sacaron o quitaron documentos del mismo”, destacó.

La secretaria también explicó que hay documentos internos que son confidenciales bajo la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y el derecho aplicable, incluyendo la Regla 514 de Evidencia.

Además, citó la Regla 95 (d) de Procedimiento Criminal, que excluye del descubrimiento o inspección escritos de investigación legal, informes, memorandos, correspondencia y otros documentos internos que contengan opiniones, teorías o conclusiones del ministerio fiscal.

“Publicar este tipo de información sería una violación a los derechos de las personas involucradas y sentaría un precedente nefasto para la administración de la justicia en Puerto Rico”, subrayó Gómez Torres.

La titular de Justicia reafirmó que el Departamento no cederá ante presiones externas ni ataques políticos.

“Nuestra responsabilidad es tan alta y estamos tan conscientes de su importancia, que no claudicaremos ante ataques políticos del momento ni renunciaremos a los derechos que protegen a nuestra gente. La justicia no se maneja por impulsos ni titulares, sino por evidencia y por lo que dicta la ley”, afirmó la secretaria de Justicia.