--- title: "Criminalidad y democracia: la encrucijada latinoamericana" description: "El avance del crimen organizado en la región amenaza no solo la seguridad, sino también la estabilidad de los sistemas democráticos" canonical: "https://www.metro.pr/noticias/2026/04/17/criminalidad-y-democracia-la-encrucijada-latinoamericana" section: "Noticias" subsection: "Mundo" author: "Marcela Ríos Tobar / Latinoamérica21" author_url: "https://www.metro.pr/autor/marcela-rios-tobar-latinoamerica21" published: "2026-04-17T16:00:51.903Z" updated: "2026-04-17T16:01:16.499Z" tags: ["Crimen", "América Latina"] publisher: "Metro Puerto Rico" language: "es" --- # Criminalidad y democracia: la encrucijada latinoamericana _El avance del crimen organizado en la región amenaza no solo la seguridad, sino también la estabilidad de los sistemas democráticos_ Por Marcela Ríos Tobar / Latinoamérica21 · Noticias / Mundo · 2026-04-17T16:00:51.903Z _Metro Puerto Rico publica este artículo como parte de una colaboración con Latinoamérica21, plataforma de sindicación líder en América Latina, especializada en artículos de análisis y opinión sobre temas políticos, económicos, científicos y medioambientales de la región._ El dramático asalto y toma de rehenes de un canal de televisión en **Guayaquil** en **2024**, el asesinato de candidatos a la presidencia en **Colombia** y **Ecuador**, así como motines carcelarios, y escaladas de violencia homicida son algunas de las expresiones más públicas del impacto de la criminalidad en **América Latina**. Pero junto a esas manifestaciones que reciben amplia cobertura mediática, el crimen organizado, y diversas formas de ilegalidad, están transformando, también de manera soterrada, la vida social, económica y política de las sociedades latinoamericanas. Lo que hace décadas parecía un fenómeno periférico, circunscrito al narcotráfico en zonas geográficas acotadas como el **Triángulo norte** (**México** y **Centro América**), **Colombia** y el **Caribe anglófono**, hoy se extiende a decenas de rubros de economías ilícitas -desde el tráfico de personas a la minería ilegal hasta el cibercrimen y la corrupción- a todos los rincones del continente. Según estimaciones recientes, en la región más de **100 millones de personas** viven bajo esquemas de gobernanza criminal, donde organizaciones ilícitas pretenden sustituir al Estado. Se trata de áreas geográficas, incluyendo ciudades completas o sectores de las grandes urbes latinoamericanas, donde los servicios básicos, el mantenimiento del orden y la administración de la justicia no están bajo el control de las instituciones estatales, sino de grupos criminales. Un fenómeno que no siempre se expresa en aumento de homicidios; de hecho, el reciente informe “Criminalidad y Democracia en América Latina”, de **IDEA Internacional** advierte que el negocio criminal suele operar mejor sin violencia visible, siendo más lucrativo. Las economías ilícitas e informales representan más del **20% del PIB** regional, lo que otorga a los grupos criminales un poder económico y coercitivo que compite directamente con el del Estado. Esto genera lo que los investigadores **Juan Pablo Luna** y **Andreas Feldmann** denominan “política criminalizada”, donde organizaciones criminales infiltran y corrompen instituciones claves para el estado de derecho (como policías, tribunales, fiscalías, entre otras) para asegurar sus intereses. Una dinámica que redunda en un fuerte deterioro de la política y los regímenes democráticos. Esto se observa en la captura y penetración de campañas, partidos y candidaturas mediante el financiamiento de la actividad política y electoral a nivel local y nacional. Cuando el crimen no logra controlar la política a través la cooptación, recurre a la violencia, persecución, intimidación, e incluso el asesinato de candidatos y autoridades que intentan enfrentarlo. La expansión de la criminalidad también debilita las democracias cuando, desde la política y las autoridades, se busca combatirla a partir de la falsa y peligrosa dicotomía entre seguridad y democracia. Frente a la expansión de la criminalidad, emergen narrativas que prometen soluciones rápidas, pero autoritarias, que debilitan las instituciones del estado de derecho, el contrapeso de poderes y el acceso a la justicia. El mantra de la “mano dura” sacrifica soluciones estructurales que requieren enfoques multidimensionales y deben funcionar en el largo plazo para ofrecer punitivismo penal inmediato. Utiliza las fuerzas de orden y los estados de excepción tanto para combatir el crimen e inseguridad como para perseguir a opositores, críticos y disidentes. Transforma medidas extraordinarias de restricción de libertades y garantías, en estados permanentes de control, y democracias electorales en regímenes autoritarios híbridos. Así, la necesidad real y urgente de protección y seguridad es el combustible que potencia el surgimiento de líderes antisistema, a menudo populistas, con escaso compromiso con la democracia, el estado de derecho y la protección de libertades conquistadas a lo largo de décadas de construcción democrática. El ejemplo del presidente salvadoreño es un ícono de esta tendencia, pero su narrativa y estrategia están ampliamente extendidas entre líderes políticos de la región. De esta forma, la expansión de la criminalidad en **América Latina** no es sólo una amenaza a la seguridad y al desarrollo económico. Es, ante todo, una amenaza a la construcción de comunidades democráticas prosperas e inclusivas. Por ello la urgencia de enfrentar la criminalidad fortaleciendo capacidades institucionales de los Estados, en particular los sistemas de justicia y penitenciarios, junto a mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, a la elusión de impuestos y el lavado de activos, entre otras. Pero estas agendas de política pública, por robustas y consistentes que sean, resultarán insuficientes sin proteger, al mismo tiempo y con igual prioridad, a la política y los procesos electorales, a quienes supervisan las elecciones, toman las decisiones y dirigen los estados, tanto frente a la violencia, como de la infiltración. Una agenda democrática de seguridad exige Estados e instituciones eficaces. Aunque la eficacia, por si sola, no asegura la sobrevivencia de procesos y regímenes democráticos. Más allá de agendas sectoriales de seguridad, los actores democráticos en **América Latina** deben reconocer que es urgente construir alternativas a la mano dura i-liberal. Esto requiere políticas basadas en evidencia y cooperación internacional. Pero, sobre todo, articular narrativas que eviten el camino sin retorno de falsas dicotomías que obligan a los ciudadanos a intercambiar democracia y estado de derecho a cambio de seguridad. Solo así podremos desarticular la política criminalizada, proteger la integridad de las elecciones y reconstruir el vínculo entre ciudadanía y Estado. **Dra. Marcela Ríos Tobar**, esdirectora regional para **América Latina** y el **Caribe** en **IDEA Internacional** _Este artículo se basa en los hallazgos del informe “Criminalidad y Democracia en América Latina”, elaborado por__**IDEA Internacional**__._ _Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de VISION NEWS MEDIA, LLC._ --- Contenido de Metro Puerto Rico. Versión canónica en HTML: https://www.metro.pr/noticias/2026/04/17/criminalidad-y-democracia-la-encrucijada-latinoamericana — al citar o enlazar, usar esa URL.