El Senado de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Primera Instancia que se declare en desacato al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, tras alegar que incumplió una orden judicial que le obligaba a entregar documentos requeridos en una investigación legislativa.
La controversia surge luego de que el Senado aprobara de forma unánime una petición de información dirigida a Hacienda para confirmar si el licenciado Antonio Sagardía de Jesús, radicó declaraciones informativas contributivas correspondientes a los años 2024 y 2025, incluyendo fechas de radicación y la identificación de los receptores de pagos. La petición —que se hace a la luz del rol de Sagardía como contratista del gobierno— surge luego que el exsecretario de Justicia hiciera expresiones en la controversia sobre la exsecretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña.
Según el Senado, la solicitud no requería acceso a planillas de contribución ni a información sensitiva, sino datos puntuales sobre cumplimiento contributivo en el contexto de contratos con el gobierno.
Ante la negativa de Hacienda —que alegó que la información está protegida por el derecho constitucional a la intimidad y disposiciones del Código de Rentas Internas— el Senado acudió al tribunal, que ordenó a la agencia entregar los documentos en un plazo de 48 horas.
No obstante, el Departamento de Hacienda no cumplió con el término establecido. Posteriormente, junto al Departamento de Justicia, presentó una moción de reconsideración en la que argumentó que la información solicitada es confidencial, que la investigación legislativa carece de propósito definido y que no se notificó al contratista involucrado. El tribunal había emitido exparte la orden de entrega de documentos.
En su solicitud de desacato, el Senado sostiene que el tribunal no tenía discreción para negar la orden bajo el Artículo 34-a del Código Político, que obliga a emitir citaciones para la producción de documentos en el marco de investigaciones legislativas.
Además, el cuerpo legislativo argumenta que su poder investigativo es amplio e inherente a la función de legislar, y que la intervención del Ejecutivo —a través del Departamento de Justicia— para cuestionar dicha facultad “trastoca peligrosamente el balance de poderes”.
El Senado también plantea que la jurisprudencia citada por el Ejecutivo, en particular el caso Rullán v. Fas Alzamora, aplica exclusivamente a la solicitud de planillas de contribución sobre ingresos, y no a la verificación de datos generales de cumplimiento contributivo.
“La médula de nuestra petición fue si se preparó o no una informativa; el nombre y la fecha, nada más”, sostiene el documento radicado ante el tribunal.
Finalmente, el Senado solicita que el tribunal declare en desacato al secretario de Hacienda y emita cualquier otra orden necesaria para hacer cumplir su determinación y garantizar el acceso a la información requerida.
