La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó con condiciones varias órdenes ejecutivas firmadas por la gobernadora Jenniffer González Colón relacionadas con la actualización y adopción de planes territoriales municipales, al tiempo que advirtió que dichas aprobaciones tienen carácter provisional.
En una carta fechada el 25 de marzo de 2026, el ente creado bajo la ley federal PROMESA confirmó que evaluó un paquete de órdenes ejecutivas que impactan a municipios como Mayagüez, Arroyo, San Lorenzo, Vega Alta, Dorado, Cidra y Aguadilla, las cuales fueron avaladas bajo la clasificación de condicionados.
No obstante, la JSF dejó claro que estos planes territoriales no constituyen versiones finales, ya que el Gobierno de Puerto Rico se encuentra en medio de un proceso más amplio de reforma del sistema de permisos y de actualización del Plan de Uso de Terrenos.
“Cualquier plan territorial emitido antes de que se complete este marco legislativo y reglamentario será considerado una medida interina”, establece la comunicación firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr.
El organismo explicó que los cambios proyectados —incluyendo nueva legislación sobre permisos y la eventual aprobación de un reglamento actualizado— podrían requerir que estos planes sean revisados, enmendados o incluso sustituidos.
A pesar de este señalamiento, la JSF precisó que los permisos y autorizaciones otorgados bajo el marco legal vigente mantendrán su validez, en un intento por garantizar estabilidad y continuidad en proyectos económicos en curso.
La carta también subraya que todos los municipios están obligados a actualizar sus planes territoriales conforme al Plan Fiscal certificado, y que estos deben ser sometidos a la revisión del ente federal según lo dispone la ley PROMESA.
Finalmente, la Junta aprovechó para reiterar a la gobernadora que las órdenes ejecutivas deben ser presentadas para evaluación del organismo antes de su emisión, como parte de los requisitos de supervisión fiscal.
El pronunciamiento ocurre en momentos en que el gobierno impulsa una transformación del sistema de permisos, considerada clave para el desarrollo económico, pero que mantiene bajo evaluación continua de la Junta Fiscal los instrumentos de planificación territorial en la isla.
