La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó este viernes dos nuevas leyes dirigidas a fortalecer el acceso a servicios gubernamentales para la comunidad sorda y a ampliar las opciones educativas para víctimas de violencia doméstica y sus familias.
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Las medidas corresponden al Proyecto del Senado 802, que se convirtió en la Ley 48, y al Proyecto del Senado 135, ahora Ley 47.
En el caso de la Ley 48, se enmienda la Ley 22-2021 para ordenar la creación de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda. Este instrumento recopilará la oferta de servicios disponibles en las agencias del Gobierno de Puerto Rico y deberá publicarse en formatos accesibles, incluyendo lenguaje de señas, subtítulos y herramientas visuales.
La medida, de la autoría de la senadora Nitza Morán, establece además que el catálogo será actualizado periódicamente y que las agencias estarán obligadas a proveer información vigente. Su desarrollo y difusión se coordinará con el Puerto Rico Innovation and Technology Service, conforme a estándares de accesibilidad como el Americans with Disabilities Act (ADA).
Por otro lado, la Ley 47 enmienda la Ley de Reforma Educativa para añadir una nueva modalidad al Programa de Libre Selección de Escuelas. La medida permitirá a víctimas de violencia doméstica matricular o transferir a sus hijos a escuelas más cercanas o de su preferencia.
El proyecto, de la autoría del senador Gregorio Matías, también otorga prioridad a estos estudiantes en la concesión de certificados del programa y flexibiliza los criterios académicos, tomando en cuenta sus circunstancias particulares y recomendaciones de profesionales. Asimismo, garantiza la confidencialidad de la información de las víctimas.
“La firma de estas leyes responde a nuestro deber de construir un gobierno más accesible, justo y sensible”, expresó la gobernadora.
Por otra parte, González Colón vetó el Proyecto del Senado 708, que proponía crear la “Ley de Horas Contacto para Padres, Tutores y Encargados en las Escuelas de Puerto Rico”. La medida buscaba imponer un mínimo obligatorio de interacción formal entre padres y comunidad escolar, pero fue rechazada por contener lenguaje ambiguo y por el riesgo de afectar injustamente a familias vulnerables.
La primera ejecutiva también vetó la Resolución Conjunta del Senado 93, al considerar que es innecesaria, ya que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) cuentan con proyectos en curso para atender la PR-155 bajo una orden ejecutiva vigente.
