El Centro para una Nueva Economía (CNE) advirtió que la prolongada quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de PROMESA llegó a un punto crítico, en el que seguir retrasando un acuerdo con los bonistas encarecería aún más la electricidad y limitaría la recuperación económica de Puerto Rico.
El análisis, titulado “AEE Título III: Un equilibrio complejo”, señala que, tras casi nueve años de proceso, la falta de resolución mantiene detenidas inversiones clave, complica la planificación del sistema eléctrico y pone en riesgo el uso efectivo de miles de millones en fondos federales.
“El reloj lleva corriendo desde 2017 y, con cada minuto que pasa, se pierden oportunidades”, advirtió el director de Política Pública del CNE, Sergio M. Marxuach.
Actualmente, los consumidores en Puerto Rico pagan cerca de 27.5 centavos por kilovatio hora, una de las tarifas más altas en Estados Unidos, por encima del umbral de asequibilidad de 20 centavos reconocido por las autoridades locales y federales.
El informe describe el sistema eléctrico como un entramado de seis problemas interconectados: la reestructuración de la deuda, la reconstrucción tras el huracán María, la transición a energías renovables, la operación bajo LUMA y Genera PR, y la planificación a largo plazo mediante el Plan Integrado de Recursos.
Según el CNE, la quiebra impacta todos estos componentes simultáneamente, lo que dificulta que las políticas públicas logren resultados efectivos.
Además, la incertidumbre ha frenado la inversión privada en proyectos de energía renovable, ya que inversionistas evitan firmar contratos a largo plazo con una entidad en quiebra.
El riesgo de una “espiral de muerte”
Uno de los principales riesgos identificados es la llamada “espiral de muerte”: tarifas elevadas impulsan a los clientes a reducir consumo o desconectarse del sistema mediante energía solar, lo que reduce los ingresos de la AEE y obliga a nuevos aumentos tarifarios.
El informe advierte que este ciclo podría tener efectos regresivos, ya que los hogares de menores ingresos, que no pueden costear sistemas solares, terminarían subsidiando el sistema eléctrico.
Dos escenarios extremos
El análisis plantea dos posibles escenarios de reestructuración:
- Escenario de menor pago: el plan de la Junta de Supervisión propone unos $2,300 millones (alrededor de 23% de recuperación), con un impacto estimado de 1.6 centavos por kWh.
- Escenario de pago completo: podría elevar la deuda total hasta $11,000 o $12,000 millones, lo que implicaría aumentos de hasta 9 centavos por kWh, llevando la tarifa a niveles de hasta 37 centavos por kWh.
Este último escenario es considerado inviable, ya que aceleraría la migración fuera del sistema eléctrico y podría provocar un colapso financiero de la AEE.
El informe también destaca que el fallo del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en 2024 fortaleció la posición de los bonistas al reconocer una reclamación de $8,500 millones, aunque aclaró que su recuperación depende exclusivamente de los ingresos futuros de la AEE.
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Para el CNE, el reto es encontrar un balance entre pagar a los acreedores y mantener tarifas asequibles.
“Si se paga poco, el acuerdo será impugnado; si se paga demasiado, el impacto económico podría ser devastador”, sostuvo Marxuach.
El informe concluye que la mayor amenaza no es necesariamente el monto del acuerdo, sino la demora en alcanzarlo.
“Cada año que la AEE permanece en quiebra es un año en que la inversión se posterga, los incentivos federales no se utilizan y la base económica se erosiona”, advirtió el economista.
En esa línea, la presidenta del CNE, Rosanna Torres Pizarro, sostuvo que “no podremos avanzar hasta que detengamos el sangrado”, al insistir en la necesidad de cerrar el proceso de manera pragmática.
