La Cámara de Representantes aprobó el pasado 19 de marzo de 2026 el Proyecto de la Cámara 651, una medida que ha desatado preocupación en sectores médicos, legales y de la industria del cannabis medicinal al establecer que una persona con licencia de cannabis medicinal no podrá cualificar para una licencia de armas, colocándola en la misma categoría que individuos considerados “adictos a sustancias controladas o ebrios habituales”.
La legislación fue aprobada con 36 votos a favor y 12 en contra, y ahora pasa al Senado en medio de cuestionamientos sobre su base científica, su alcance y el proceso legislativo utilizado para su aprobación.
El proyecto, presentado por el representante Pedro Santiago Guzmán y la representante Lisie Burgos, también establece mecanismos para que el Departamento de Salud pueda compartir con la Policía de Puerto Rico información necesaria para validar el estatus de pacientes de cannabis medicinal en procesos relacionados a licencias de armas, lo que ha levantado interrogantes sobre privacidad y uso de datos médicos.
La controversia se intensifica debido a que la medida fue aprobada sin la celebración de vistas públicas, lo que ha sido señalado por diversos sectores como un proceso acelerado y carente de participación ciudadana en un tema que impacta directamente derechos constitucionales, civiles y condiciones médicas de miles de personas en la isla.
Según el informe de la Comisión de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico no avaló el proyecto y expresó preocupaciones sobre posibles conflictos con la legislación federal vigente, indicando que ya existe un marco regulatorio que atiende la relación entre el uso de cannabis y la posesión de armas. Este señalamiento ha sido interpretado por analistas como evidencia de que la medida podría resultar redundante o jurídicamente cuestionable.
Por su parte, el Departamento de Salud reconoció en su evaluación que el hecho de que una persona sea paciente de cannabis medicinal no implica incapacidad mental ni abuso de sustancias, un punto que ha sido utilizado por críticos para cuestionar la lógica detrás de la medida.
El licenciado Jose A. Rivera, director ejecutivo de G9 Alliance Inc., organización que agrupa a operadores de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico, expresó que la legislación representa un retroceso significativo en la política pública del país. “Aquí se está creando una presunción generalizada peligrosa. Se está tratando a pacientes bajo tratamiento médico como si fueran adictos o personas incapaces, sin evaluación individual ni base científica”.
Rivera añadió que la medida coloca a muchos ciudadanos en situaciones difíciles. “Esto tiene consecuencias reales. Personas que dependen de cannabis medicinal para tratar condiciones como cáncer, dolor crónico o trastornos neurológicos podrían verse obligadas a escoger entre su tratamiento médico o su sustento, particularmente en profesiones que requieren licencias de armas”, sostuvo.
El abogado también cuestionó el momento en que se impulsa la legislación, señalando que ocurre en un contexto donde a nivel federal se están evaluando cambios hacia una mayor aceptación del uso medicinal del cannabis. “Mientras otras jurisdicciones avanzan hacia políticas más basadas en evidencia, Puerto Rico parece estar legislando desde el estigma”, expresó.
La medida también ha provocado debate en torno a derechos constitucionales y el alcance del Estado en la utilización de información médica como criterio para restringir derechos civiles. Aunque el proyecto establece que no se divulgarán diagnósticos específicos, expertos han advertido que el simple hecho de utilizar el estatus de paciente como filtro podría abrir la puerta a impugnaciones legales.
Con su aprobación en la Cámara, el Proyecto de la Cámara 651 pasa ahora al Senado, donde se anticipa un escrutinio más riguroso y posibles solicitudes de vistas públicas por parte de distintos sectores. Mientras tanto, el debate continúa escalando, posicionando la medida como uno de los temas más controversiales en la agenda legislativa actual en Puerto Rico.
“Esta medida ignora la realidad de un sistema altamente regulado y seguro, y envía un mensaje peligroso que refuerza el estigma hacia condiciones de salud legítimas”, añadió Rivera.
“Exhortamos al Senado de Puerto Rico a evaluar esta medida con responsabilidad y a no avalar disposiciones que vulneren los derechos de los pacientes”.
El G9 reafirmó su compromiso con la educación, la regulación responsable y la defensa de los derechos de los pacientes de cannabis medicinal en Puerto Rico.
