La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, solicitó un aumento de $20 millones en el presupuesto para el próximo año fiscal, que se utilizaría en la nueva sede de la agencia, en un incremento de nómina y en la implementación de un sistema electrónico de contratos que brinde visibilidad total de los documentos firmados por el gobierno.
Durante una vista pública de la Comisión de Hacienda, presidida por el representante Eddie Charbonier Chinea, la funcionaria señaló que actualmente el sistema no permite un registro completo en todos los casos.
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“Queremos digitalizar los contratos, para ninguno de ustedes tengan que volver a firmar un contrato en papel, todos se van a hacer de forma digital; cuando el último firme el contrato automáticamente ya la Oficina del Contralor lo va a recoger y se va a registrar”, dijo Vega Fournier.
La contralora destacó que actualmente cuentan con una plantilla de 20 personas para este registro y que el sistema digital permitirá aumentar la productividad y agilizar auditorías.
“Ahora mismo tenemos una plantilla de 20 personas que ayudan en ese registro, vamos a eliminar eso también y vamos a ser más productivos por eso es que estamos apostando muchísimo a la inteligencia artificial, no para que sustituya a nadie, simplemente para que nos ayude y en vez de decirle que tenemos 83 auditorías en progreso, que sean 150”, expresó.
Vega Fournier también aclaró que hoy no hay forma de saber si todos los contratos de agencias y municipios están registrados, lo que dificulta la transparencia y la rendición de cuentas. El nuevo sistema, con un costo de $3.2 millones, permitiría dar visibilidad a cada contrato.
El representante Charbonier Chinea llamó a la atención el hecho de que según la legislación vigente, si un contrato no se encuentra registrado no tiene validez, ni se puede reclamar su cumplimiento “en el caso de Puerto Rico, creo que más que en los estados, la contratación si no está registrada en el Contralor no nace, eso no es debatible, no está sujeto a interpretación de nadie, pues ese punto es importante, primero para cuestión de transparencia y fiscalización, como para cumplimiento, porque si no puedo probar que el contrato nació o que no existe, el mismo no se tiene que pagar”.
En ese punto, Vega Fournier sostuvo que la única manera de verificar es cuando los empleados del Contralor van a un municipio o una agencia a realizar una auditoría y si cae en la muestra que toman.
Además de este sistema, la deponente indicó que la petición de aumento 2.3 millones de dólares en el presupuesto, hasta alcanzar los 77,481,177 millones de dólares, irá para la contratación de auditores que sustituirán a los empleados cuyo retiro ya está programado.
“Cabe destacar que aproximadamente el 15 por ciento de nuestra plantilla de empleados está próxima a retirarse en los próximos cinco años. La autorización de estos reclutamientos permitirá garantizar la continuidad operacional, evitar interrupciones en los procesos críticos y mantener la calidad y consistencia de los servicios ofrecidos”, mencionó la abogada y también contadora, quien informó que actualmente tiene 531 plazas ocupadas y 138 vacantes para un total de 669 puestos.
Durante el interrogatorio, la Contralora expuso que la agencia se mueve a buscar dentro de las universidades, aquellos candidatos idóneos y ofrecerles beneficios competitivos para poder reclutarlos.
Otra de las partidas, que se incluyó en esta petición, es una de 10,950,000 millones de dólares para la remodelación y reubicación, seguros, mejoras estructurales y mantenimiento de la nueva sede. En ésta se centralizarán todas las operaciones, en vez de pagar 2.4 millones de dólares en renta anualmente, por los tres edificios en los que están desplegados la plantilla el cual no ofrece eficiencia en los trabajos.
Vega Fournier explicó que de una partida que la agencia tenía ganando intereses, se adquirió el edificio ubicado en el Empire Plaza Office Building en la Avenida Muñoz Rivera en San Juan, lo que convertirá “un gasto histórico sin retorno en una inversión que genere patrimonio institucional para el Estado”.
Mientras que a preguntas del representante Gabriel Rodríguez Aguiló sobre la posibilidad de que la Junta de Supervisión Fiscal, no de paso al aumento solicitado, Vega Fournier argumentó que los servicios se verían afectados ya que “nos limitaría grandemente, por lo que tendríamos que buscar financiamiento, que es algo que no debemos patrocinar, porque como yo pienso y los bancos tienen su razón de ser, pero yo no soy de enriquecer a nadie sin no hace falta; el pago de intereses sería bien alto y nos atrasaría grandemente para todas la cosas que queremos hacer”.
La JSF ha recomendado para este próximo año fiscal un presupuesto de 49,324,000 dólares.
En los trabajos de esta audiencia pública también participó el líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez junto a los representantes Axel Roque García, Wilson Román López, Víctor Pares Otero, Joel Franqui Atiles, Josean Jiménez Torres, Nelie Lebrón Robles, Nelie Burgos Muñiz y Ángel Morey Noble.
