El representante por acumulación, Ramón Torres, radicó la Resolución Conjunta número 318 con el propósito de ordenar a la Policía de Puerto Rico el recobro de los fondos públicos utilizados en los servicios de escolta y seguridad provistos a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
La iniciativa surge tras la reciente determinación del Departamento de Justicia, que concluyó que la exfuncionaria no cumplía con los criterios establecidos para recibir dichos beneficios, lo que llevó a la suspensión de los mismos.
“Estamos ante un uso indebido de fondos públicos con fines de protección política, que impactó directamente el presupuesto del país. Esto no se puede ignorar ni perdonar”, expresó Torres en declaraciones escritas.
El legislador enfatizó que el principio detrás de la medida es claro. “Si recibió un servicio que no le correspondía, tiene que pagarlo”, sostuvo.
La resolución ordena a la Policía de Puerto Rico realizar las gestiones pertinentes para evaluar el recobro de los fondos y someter un informe a la Asamblea Legislativa en un término no mayor de 30 días.
“El pueblo exige justicia, consistencia y responsabilidad en el manejo del dinero público. Ese es el estándar que vamos a defender”, concluyó Torres.
Tribunal Supremo inhabilita a Wanda Vázquez de ejercer como abogada y notaria
El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió de forma inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría a la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced.
Según surge de la sentencia emitida el pasado 16 de marzo, en el caso disciplinario In re: Wanda Vázquez Garced, TS-8709, la decisión fue a raíz de su declaración de culpabilidad ante el Tribunal Federal por un delito menos grave relacionado con el financiamiento de la campaña política primarista que llevó a cabo para su elección a la gobernación en los comicios electorales de 2020.
“Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede… se suspende de forma inmediata e indefinida a la Lcda. Wanda Vázquez Garced del ejercicio de la abogacía y la notaría”, dispone la sentencia del Supremo.
El máximo foro judicial ordenó además al alguacil del tribunal incautar la obra notarial y el sello notarial de la exgobernadora para entregarlos al director de la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe correspondiente.
Asimismo, la sentencia establece que Vázquez Garced deberá notificar inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, devolver los expedientes de los casos pendientes y reintegrar honorarios recibidos por trabajos no realizados.
El Tribunal Supremo también ordenó que informe de su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo donde tenga asuntos pendientes y que acredite ante el tribunal el cumplimiento de estas disposiciones dentro de un término de 30 días.
“De igual manera, deberá informar inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en los que tenga algún asunto pendiente y acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta (30) días”, señala el documento judicial.
La sentencia añade que, como consecuencia de la suspensión de la práctica notarial, la fianza que garantizaba sus funciones queda automáticamente cancelada, aunque se considerará válida por tres años respecto a los actos realizados mientras estuvo vigente.
Vázquez Garced había solicitado al Tribunal Supremo el archivo del caso disciplinario al alegar que un delito menos grave y sus más de 40 años de carrera legal no ameritaban una sanción disciplinaria.
La exgobernadora recibió y aceptó un perdón otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
