Debido a las medidas cautelares impuestas al docente tras haber incurrido en una “falta irremediable”, la mayoría de ellos son enviados a Oficinas Regionales Educativas (ORE) donde, desde un salón, permanecen viendo hacia una ventana, sin tareas ni responsabilidades asignadas.
El personal docente, que, a pesar de seguir recibiendo su remuneración, permanecen separados de su trabajo durante el tiempo en el que la investigación este en curso, sea un mes, seis meses, un año o más, crea una señal de alerta afectando su salud emocional.
En Utuado, un maestro con 31 años de experiencia en la docencia, fue removido de sus labores debido a recibir una medida cautelar.
Tras recibir la notificación, la directora de su escuela, divulgó la información sensitiva por toda la escuela, creándole a este maestro una sombra en sus espaldas y poniendo en entredicho su capacidad para enseñar.
En su caso, fue acusado de haber agredido físicamente a la directora, sin embargo, esta, más tarde frente a los tribunales, cambió su versión indicando que había mentido.
A pesar de que el testimonio fue falso y desestimado, el maestro permanece en medida cautelar desde hace un mes.
En un caso aislado, una confrontación de poder entre una directora y un maestro, culminó cuando la directora devaluó las labores del docente diciendo “yo soy la directora y tu un simple docente”, desprotegiendo al maestro de sus derechos.
La psicóloga Zayana Figueroa Montero, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), expresó que “el aislamiento y la incertidumbre” son una alerta roja que afecta negativamente el estado de ánimo de la persona.
“Ahora se le está poniendo en juicio su capacidad de poner en función su labor, por lo que hay que hacer que se sienta útil y productivo con medidas de prevención y mediación”, indicó la doctora.
Entre los casos que se vieron en el panel de la vista pública celebrada hoy, miércoles, por parte de la Comisión de Educación, presidida por Tatiana Pérez Ramírez, hay uno en el que el maestro permanece en medida cautelar hace 10 años sin que le radiquen cargos o celebren una vista adjudicativa a la que tiene derecho.
Ante las denuncias hechas por varios grupos de maestros, y sobre el efecto en su salud emocional, trascendió en la vista pública los servicios del Programa de Ayuda al Empleado (PAE), que está supuesto a prestar servicios confidenciales de intervención breve a personal docente, no docente y sus familias “con el objetivo es prevenir y manejar situaciones laborales o personales (emocionales, legales, familiares) para mejorar el bienestar integral y el desempeño laboral”.
Esta agencia tiene su sede en San Juan, lo que dificulta el acceso a los servicios por parte de los más de 40,000 empleados que trabajan en Educación.
Este dato fue calificado como “alarmante y preocupante” por parte de la representante Pérez Ramírez, quien sostuvo que estos datos abren la puerta para nueva legislación en beneficio de los docentes.
“Sabemos la situación que enfrenta Puerto Rico con la salud mental, al igual que el magisterio, por los retos y las dificultades que también atraviesan. Así que yo creo que disponer de más recursos es necesario”, dijo la legisladora Pérez Ramírez, quien puntualizó que es necesario presentar estas necesidades ahora que se evalúa el presupuesto para el próximo año fiscal.
A raíz de la ponencia de la licenciada Saraí Ruiz Maysonet, en representación del secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, se supo que el programa PAE tampoco cuenta con el personal suficiente para atender el volumen de casos y realizar las investigaciones correspondientes.
Actualmente, hay solo una psicóloga y dos trabajadores sociales brindando servicios.
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