La jueza federal Laura Taylor Swain rechazó este miércoles frenar el cobro del cargo provisional en la factura de luz utilizado para pagar las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al concluir que los argumentos presentados no justifican permitir que el pleito avance fuera del proceso de quiebra bajo Título III.
La determinación se produjo durante una vista ómnibus en el Tribunal Federal en Hato Rey, donde el tribunal evaluó una moción para levantar la paralización automática (stay) y permitir que una demanda en el foro estatal continuara.
“El Tribunal ha examinado detenidamente los escritos pertinentes y ha escuchado los argumentos expuestos hoy. (...) Por lo tanto, la moción se deniega en su totalidad”, expresó la jueza en sala.
La demanda, sometida por Eduardo Horrtutiener Socias, Cynthia Boscio Matos, José Alberto Morales Rodríguez y el Puerto Rico Medical Emergency Group, impugnaba la legalidad y constitucionalidad del cargo, bajo el argumento de que las pensiones no constituyen un gasto operacional del sistema eléctrico y que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no tenía autoridad para imponer ese cobro a los consumidores.
Durante la vista, el abogado de los demandantes, Raúl Mariani Franco, reiteró que el cargo responde a una “deuda previa a la quiebra” que debe atenderse dentro del proceso de Título III y no mediante un cobro en la factura eléctrica.
Por su parte, la Junta de Control Fiscal (JCF), junto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Sistema de Retiro, defendieron la validez del cargo al sostener que forma parte de la estructura de ingresos de la corporación pública y es un mecanismo necesario para garantizar el pago de pensiones en medio del proceso de quiebra.
Argumentaron, además, que permitir que el pleito continúe fuera del Título III implicaría una interferencia directa que podría desestabilizar la reestructuración.
“La idea de, básicamente, poner el caso en pausa mientras se apela la determinación sobre el reclamo administrativo es, desde nuestro punto de vista, el peor resultado para todos, para el pueblo de Puerto Rico y para el progreso. Y algunas de las razones son evidentes. Es simplemente una demora prolongada. Nunca se sabe cuánto tiempo tomará. Sabemos que no será de un día para otro”, expresó uno de los abogados de la Junta, Martin Bienenstock.
Ante esto, la jueza determinó que el grupo de demandantes no logró demostrar que la AEE no tiene interés sobre los ingresos que genera ese cargo. Asimismo, concluyó que los factores legales aplicables no favorecen permitir que el litigio continúe fuera del proceso de Título III.
“En primer lugar, el tribunal determina que los promoventes, quienes tienen la carga de establecer una elegibilidad prima facie para el levantamiento de la paralización, no han cumplido con demostrar su alegación de que la AEE no tiene interés en los ingresos derivados del cargo de pensiones. En segundo lugar, el tribunal concluye que los promoventes no han cumplido con demostrar que existe causa para levantar la paralización automática”, comenzó Swain.
“Por lo tanto, se desestima la moción en su totalidad y, tal y como he indicado, los motivos por los que el tribunal ha llegado a esta conclusión se explicarán detalladamente en un auto motivado que se presentará lo antes posible tras la conclusión de la vista de hoy”, añadió.
Durante la vista, la jueza Swain también cuestionó el impacto que tendría permitir el caso en otro foro, particularmente por su relación con los ingresos de la corporación pública, dejando claro que el asunto está directamente vinculado al proceso de reestructuración.
Swain presiona avances en disputa por ingresos netos
La vista ómnibus también fue marcada por la discusión sobre los ingresos netos de la Autoridad. En particular, sobre el proceso de mediación, los deponentes precisaron que aún se encuentran en busca de un acuerdo consensuado.
No obstante, la representación de la JCF expresó preocupación por un “término de sus miembros”, que se extiende hasta octubre de 2027, en medio del litigio federal que cuestiona su composición. Señalaron que, a medida que se acerca esa fecha y continúa el proceso de mediación, podrían surgir cambios que, dependiendo de cómo se desarrollen, tendrían el potencial de incidir en el curso de la reestructuración.
En ese contexto, la jueza también dejó claro que espera avances concretos en la mediación y delineó el camino que deben seguir las partes. Señaló que tanto la Junta como los bonistas tienen la encomienda de proponer un curso procesal claro, incluyendo un plan de descubrimiento de prueba que sea eficiente y enfocado.
Reconoció que existe una diferencia fundamental entre las partes, mientras el gobierno sostiene que no es necesario un proceso de descubrimiento adicional, los bonistas entienden lo contrario, y subrayó que esa diferencia debe asumirse como parte del proceso si se quiere avanzar.
“Entiendo que conjuntamente tienen una encomienda del juez Dean para proponer un curso procesal a seguir, incluyendo un plan de descubrimiento de prueba que sea eficiente y enfocado”, expresó.
A la vez, advirtió que el descubrimiento no debe utilizarse como una estrategia de desgaste y urgió a las partes a concentrarse en la información más puntual que permita establecer una base factual para sustentar sus argumentos sobre el valor de los ingresos netos.
“(...) Queremos ver una respuesta conjunta que sea al punto y que se pueda lograr en el corto plazo. Estoy buscando resultados en este momento”, concluyó.
