AMPR alerta que exigencia de la JSF podría afectar operación escolar

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) expresó su “profunda preocupación” ante la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de exigir al Departamento de Educación (DE) la revisión y aprobación previa de sus políticas internas con impacto fiscal, lo que, según advirtieron, podría afectar el funcionamiento del sistema escolar.

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Aunque reconocieron la necesidad de controles fiscales, el gremio señaló que la medida podría convertirse en un obstáculo burocrático que retrase decisiones urgentes relacionadas con el tamaño de los grupos, la proporción estudiante-maestro y otras áreas clave del entorno escolar.

Además, indicaron que la exigencia se extiende a cartas circulares que regulan la operación diaria del sistema, incluyendo asuntos de relaciones laborales, seguridad, mantenimiento y directrices académicas.

“Imponer una aprobación previa en ese nivel representa una incursión profunda en la gestión cotidiana del escenario escolar y podría provocar un grave daño a nuestra escuela pública”, sostuvo la AMPR en declaraciones escritas.

La organización aseguró que se mantendrá vigilante y exigirá que cualquier revisión se realice con transparencia, plazos definidos y rendición de cuentas, sin afectar la agilidad en la toma de decisiones.

Federación suma firmas

El miércoles, la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico continuó la entrega de resoluciones firmadas por miles de docentes del DE en Legislatura para exigir, entre otras cosas, un retiro digno y mejores condiciones laborales.

La maestra y portavoz Mercedes Martínez Padilla llegó a las escalinatas de El Capitolio con 7,000 firmas y pidió que se “abriera la mesa de diálogo” para que la gobernadora Jenniffer González Colón escuchase sus reclamos.

Según Mercedes Padilla, las firmas representan el 26% de los docentes y casi el 40% de las escuelas públicas.

“La semana pasada estuvimos aquí precisamente entregando cerca de 6,500 firmas a las legisladoras Tatiana Pérez Ramírez y a la senadora Brenda Pérez Soto, quienes presiden las comisiones de Educación en Cámara y Senado respectivamente; y adicional a entregar las firmas discutimos con ellos temas de interés", indicó Martínez Padilla.

Entre sus reclamos, la Federación pide un retiro digno, reducir la edad de jubilación de los compañeros de 50-55 años, poder jubilarse con 25-30 años de servicio, recibir el 75% de su salario como pensión por servicio definido, y restablecer la pensión por incapacidad.

También, reclaman condiciones de trabajo dignas, condiciones de estudio dignas para los estudiantes y que se reduzca dramáticamente el trabajo administrativo; por último, que la ola de calor que se avecina sea atendida con premura.

Del mismo modo, el gremio busca que se apruebe una Ley de Escala Salarial. Sin embargo, esto no le corresponde a Educación ni al Gobierno, ya que pese a que estaba previsto que en enero podrían solucionar el tema del salario, la JSF demoró los procesos.

La Federación convocó a todos los maestros a llegar hasta La Fortaleza el próximo 7 de abril a las 3:30 p.m. con el fin de entregar todas las firmas a la gobernadora en lo que sería una manifestación pacífica.

“Vamos subiendo la temperatura, nos pusimos las camisas para que los docentes sepan que no estamos solos, que el pueblo sepa que estamos reclamando justicia. Manifestamos nuestra indignación frente a las escuelas en febrero protestando, estuvimos aquí la semana pasada, volvemos aquí a quienes legislan el día de hoy, vamos a Fortaleza y luego con la matrícula decidiremos próximos pasos a seguir porque definitivamente, más allá de promesas huecas, queremos acción”, indicó la portavoz.

“Esto es un reclamo de que hay que escuchar al magisterio, y si no lo escuchan, después de Fortaleza, vamos a tomar otras acciones”, concluyó Martínez Padilla.