Las exenciones contributivas que Puerto Rico ofrece a inversionistas a través de la Ley 60 están asociadas con una merma sustancial en los recaudos federales sin evidencia clara de beneficios económicos amplios para la isla, según un nuevo informe de la Oficina de General de Contabilidad (GAO, por sus siglas en inglés).
El informe —Puerto Rico: IRS Should Improve Oversight of Taxpayers Claiming Exemption from Federal Taxes (GAO-26-107225)— analiza cómo el IRS ha supervisado a contribuyentes que reclaman exenciones por establecer residencia en Puerto Rico, y documenta fallas importantes en el acceso a datos, el seguimiento de referidos y la capacidad de auditoría.
Entre los hallazgos, el GAO estima que la reducción agregada en contribuciones federales pagadas por los beneficiarios del incentivo podría representar cientos de millones de dólares por año. Los datos muestran que, en promedio, la contribución federal de estos contribuyentes disminuyó un 46% tras establecer residencia en la isla.
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Residencia y cumplimiento: 179 casos sin evidencia suficiente
El informe señala que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) identificó 179 casos en los que los beneficiarios del incentivo no presentaron evidencia de cumplir con el requisito local de residencia mínima de 183 días. Esa información fue remitida al IRS, pero la agencia federal no priorizó esos referidos ni estableció un proceso formal para evaluarlos.
El GAO enfatiza que la falta de datos actualizados durante más de cuatro años limitó la capacidad del IRS para iniciar auditorías oportunas y determinar si los contribuyentes cumplían con los criterios federales de residencia, que son distintos pero relacionados con los requisitos locales.
Los congresistas que solicitaron el informe —Jared Huffman (D-Calif.), Nydia Velázquez (D-N.Y.), Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) y Ritchie Torres (D-N.Y.)— expresaron preocupación de que el marco vigente esté permitiendo un uso inadecuado de las exenciones contributivas.
“Este informe confirma lo que sospechábamos: estos incentivos están drenando cientos de millones en recaudos federales mientras aportan poco a las familias trabajadoras”, señaló Huffman en declaraciones escritas.
Velázquez indicó que, según los hallazgos del GAO, el IRS “no ha implementado controles básicos”, lo que facilita abusos y genera impactos locales, como presiones sobre el mercado de vivienda.
Ocasio-Cortez añadió que la disminución en recaudos federales afecta indirectamente programas nacionales como Seguro Social y Medicare, e instó al IRS a adoptar las recomendaciones del GAO.
Impacto económico en la isla: evidencia limitada
Aunque la Ley 60 pretende atraer inversión, el GAO concluye que su efecto sobre la economía de Puerto Rico es difícil de aislar. La agencia señala que:
- Los beneficiarios representan menos del 0.1% de la población.
- El crecimiento económico de la última década ha sido limitado o negativo.
- Los estudios disponibles ofrecen resultados mixtos, y no permiten determinar si los incentivos generan suficiente actividad para compensar el costo fiscal.
El informe también recoge preocupaciones de alcaldes sobre la participación de recipientes de decretos en el mercado de vivienda, aunque aclara que los datos agregados muestran que los precios en Puerto Rico han crecido más lentamente que en Estados Unidos en el mismo periodo.
El GAO recomendó que el IRS establezca un proceso para obtener datos completos y actualizados del gobierno de Puerto Rico, cree protocolos para evaluar referidos de posibles incumplimientos y desarrolle estrategias de divulgación y educación dirigidas a contribuyentes bajo el incentivo.
El IRS aceptó todas las recomendaciones.