La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó al Gobierno de Puerto Rico que la Ley 111-2025 —que enmendó la Ley 161-2009 y la Ley 23-1972 para modificar procesos de permisos y el rol del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)— no puede implementarse en su estado actual por ser inconsistente con el Plan Fiscal y por incumplir los requisitos de PROMESA.
En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón y a los líderes legislativos, la JSF indicó que el Gobierno no entregó una estimación fiscal formal ni la certificación requerida bajo la Sección 204(a) de PROMESA. Las certificaciones sometidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda concluyen que la ley no tiene impacto fiscal, pero no incluyen análisis, metodología ni evidencia para sostener esa afirmación, por lo que la Junta las declaró insuficientes.
Además de los señalamientos procesales, la JSF planteó preocupaciones sustantivas sobre la Ley 111. Según la Junta, la legislación fragmenta el sistema de permisos al insertar funciones adicionales para el DRNA en la evaluación de proyectos, lo que contradice la política del Plan Fiscal de centralizar y simplificar todos los procesos en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y en el Reglamento Conjunto adoptado por la Junta de Planificación.
La Ley 111 establece que si una agencia o municipio no emite recomendaciones dentro de los términos provistos, se entenderá que no tiene objeciones, y aclara que tales recomendaciones no serán vinculantes. También permite que OGPe conceda 30 días adicionales en casos de “mayor complejidad”. Para la JSF, esta disposición abre la puerta a retrasos discrecionales, contrarios al objetivo de establecer términos perentorios y acelerar el proceso de permisos.
La Junta también objetó que la Ley 111 ordena a OGPe y al DRNA adoptar nueva reglamentación en 180 días, lo que —según el organismo— duplica funciones, puede generar costos adicionales y contradice la autoridad exclusiva de la Junta de Planificación para regular los procesos de permisos mediante el Reglamento Conjunto.
Para que la Ley 111 pueda implementarse, la JSF exige varias enmiendas, entre ellas: integrar el rol del DRNA dentro del proceso de OGPe sin estructuras paralelas; establecer que cualquier disposición contraria al Reglamento Conjunto será nula; aclarar que el proceso reglamentario se rige por la Ley 161-2009, no por la Ley 38-2017; y sustituir en la ley el término “permisos” por “autorizaciones” cuando se refiera a funciones del DRNA, dejando claro que la facultad de otorgar permisos corresponde exclusivamente a OGPe.
La Junta otorgó al Gobierno hasta el 15 de diciembre para entregar la información fiscal requerida y advirtió que se reserva el derecho de acudir al tribunal para impedir la implementación o solicitar la nulidad de la Ley 111 si no se realizan las correcciones necesarias.