Metro Puerto Rico publica este artículo como parte de una colaboración con Latinoamérica21, plataforma de sindicación líder en América Latina, especializada en artículos de análisis y opinión sobre temas políticos, económicos, científicos y medioambientales de la región.
El domingo 16 de noviembre, Ecuador celebró una consulta popular y un referéndum constitucional. Fue la séptima votación en apenas dos años, pero no una más.
En el país, hoy gobernado por Daniel Noboa, el paquete de reformas sometido a votación implicaba un giro de 180 grados: convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas y eliminar la financiación estatal a los partidos políticos.
En las cuatro preguntas ganó el “No” de forma contundente, con porcentajes entre el 53% y el 61%. Las iniciativas más rechazadas fueron la sustitución de la Constitución vigente y la posibilidad de instalar bases militares extranjeras. Pero más allá de los números, ¿qué mensaje deja esta victoria rotunda del “No”?
En un país antes considerado un oasis de calma, pero que hoy se ha convertido en el más violento de la región, la victoria del “No” en el referéndum y consulta popular del pasado fin de semana sorprendió a quienes leían el escenario ecuatoriano como un simple referéndum sobre la popularidad de Daniel Noboa.
El presidente aún cuenta con altas tasas de aprobación, pero un análisis profundo de los datos de la opinión pública, como la encuesta nacional de IPSE Global realizada en octubre, revela que el resultado fue la crónica de una derrota anunciada, y el desenlace de una tensión acumulada en un electorado dividido entre el temor al crimen y el miedo a un poder sin límites.
Noboa llegó a la presidencia con un mandato claro: restaurar el orden en un país asediado por el narcotráfico. Su respuesta, declarando un “conflicto armado interno” y aplicando una política de “mano dura” con una masiva militarización, resonó con un clamor popular.
Aunque se han obtenido algunos logros, sobre todo en la incautación de drogas, el creciente autoritarismo y la estrategia de mano dura del gobierno han provocado crecientes violaciones a los derechos humanos y no han sido capaces de resolver los problemas estructurales de la ciudadanía. Por ello, pese a que los ecuatorianos apoyan las políticas de mano dura, rechazan la bukelización del país y, sobre todo, no están dispuestos a firmar un cheque en blanco y a entregarle poder total al presidente.
La encuesta reveló, por ejemplo, que un 61.5% de la población general ya siente que el país es gobernado mediante “decisiones autoritarias que violan las leyes”. Este temor latente a una forma de hacer política basada en el poder sin contrapesos fue el motor del “No”.
El pueblo ecuatoriano, en un acto de sofisticación política, diferenció la acción del gobierno de la estructura del poder. Le entregó a Noboa una espada para combatir al crimen, pero se negó a darle la pluma para reescribir las reglas del juego democrático.
La agenda virtual del gobierno versus la agenda real del ciudadano
El gobierno de Noboa cometió un error de cálculo fundamental: se mostró excesivamente optimista y creyó que su agenda era la agenda del pueblo. A pesar de contar con ingentes recursos públicos y apoyo mediático, tuvo una estrategia comunicacional confusa y explicó que sólo ofrecería los detalles de su proyecto constitucional para el país en un futuro próximo.
Sin embargo, mientras el presidente proponía un debate constitucional para rediseñar el marco político del país, la ciudadanía estaba anclada en preocupaciones mucho más inmediatas. La encuesta realizada por IPSE Global reveló que un 86.3% de los ecuatorianos siente el impacto del aumento del costo de vida, especialmente en alimentos y transporte. La economía, y no la arquitectura del Estado, era su principal angustia.
Además, la campaña del “Sí” subestimó el apego a la actual Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008 con más del 63% de los votos. La Constitución es garantista en materia de derechos y representa un marco en la agenda ambiental, al ser la primera en el mundo en incorporar los Derechos de la Naturaleza.
El apoyo a la actual Carta Magna fue mayoritario en diversos colectivos, especialmente entre las mujeres. Con un 70.1% de evaluación positiva de la Carta Magna entre el electorado femenino, ellas se erigieron como las grandes guardianas del orden institucional vigente. El “No” tuvo un rostro de mujer, defendiendo derechos y un marco legal que sienten como propio.
Incluso la propia base electoral del presidente no era un monolito. Nuestro dato más revelador fue que casi la mitad de sus votantes (48.1%) no tenía una opinión negativa de la Constitución actual. Apoyaban al presidente, pero no necesariamente su proyecto de reforma total, demostrando que la lealtad al líder no implicaba una adhesión ciega a su agenda.
Además, si bien en Ecuador se acepta y se reconoce la relevancia de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado, los ciudadanos asumen que este proceso tiene límites y rechazan mayoritariamente la instalación de bases extranjeras en el país: el No a esta pregunta obtuvo el 60.85% de los votos en el referéndum y consulta popular.
Gobernabilidad en la cuerda floja
Los resultados de la reciente votación dejan a Noboa en una posición de extrema vulnerabilidad a mediano plazo. Su legitimidad depende casi exclusivamente de su éxito en la lucha contra el crimen organizado. Pero esta es una guerra de desgaste.
Como muestra un informe reciente de Crisis Group, la violencia en el país aún es mayoritaria y se ha transformado, con el aumento de la extorsión y los secuestros, mientras que la fragmentación de las grandes bandas criminales crea nuevas y sangrientas disputas.
Si la percepción de seguridad se deteriora, el capital político de Noboa se evaporará. Sin la bandera de la seguridad, y habiendo fracasado en su intento de acumular más poder, su gobierno corre el riesgo de convertirse en una administración sin propósito ni herramientas.
El “No” ha fortalecido a una oposición diversa y ha dotado de nuevas herramientas a los poderes Legislativo y Judicial para que actúen como un contrapeso firme. Cualquier intento de gobernar por decreto o de desafiar los límites institucionales —un camino de alto riesgo similar a las crisis institucionales vistas en otros países de la región como Perú—, podría activar la desconfianza de la mayoría de la población ecuatoriana y precipitar una crisis de gobernabilidad.
Pese a las múltiples crisis que atraviesa el país, la victoria del “No” dejó claro que ideas y conceptos como democracia, soberanía, derechos humanos y medio ambiente siguen teniendo un valor central para los ecuatorianos, quienes exigen un gobierno efectivo —más allá de las promesas— capaz de atender sus problemas cotidianos.
La crisis de seguridad no solo requiere medidas de combate contra el crimen organizado, sino también reformas estructurales en justicia, sistema penitenciario, políticas sociales, cooperación internacional, control de armas y financiamiento del crimen. Al mismo tiempo, desafíos como la pobreza, el desempleo y el deterioro de los servicios de salud y educación no pueden seguir siendo relegados.
María Villarreal es cientista política y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ). Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.
Leonardo Magalhães es doctor en comunicación por la PUC-Río de Janeiro. Fundador y Director Ejecutivo de IPSE Global. Investigador especializado en opinión pública, encuadre discursivo en los medios y ciencias sociales computacionales.