El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) implementó una nueva política pública que redefine los límites del Programa de Educación Especial, al establecer con mayor precisión qué terapias y servicios pueden ser cubiertos por la agencia y cuáles deben ser responsabilidad del sistema de salud o de los planes médicos.
La Carta Circular 006-2025-2026, firmada por el secretario Eliezer Ramos Parés el pasado 15 de octubre, busca corregir lo que la dependencia describe como una práctica extendida de autorizar tratamientos clínicos no directamente relacionados con el proceso educativo de los estudiantes con diversidad funcional.
“Resulta imperativo establecer con claridad una línea divisoria entre lo que constituye un servicio relacionado educativo y lo que representa un tratamiento terapéutico o clínico”, sostuvo Ramos Parés en el documento.
Según el Departamento, esta confusión ha provocado uso inadecuado de fondos públicos, desarticulación entre los equipos escolares y los terapeutas externos, y una falsa percepción de que Educación debe cubrir todo tratamiento recomendado por un médico, aunque no guarde relación con metas académicas.
La circular reafirma el cumplimiento del pleito de clase Rosa Lydia Vélez et al. v. Departamento de Educación, que obliga al Estado a garantizar una educación pública, gratuita y apropiada (FAPE) conforme a la Ley IDEA (Individuals with Disabilities Education Act).
Bajo ese marco, los llamados “servicios relacionados” son aquellos que permiten al estudiante acceder, participar y progresar en el entorno escolar. Incluyen terapias del habla, consejería psicológica, terapia física u ocupacional, pero siempre atadas al Programa Educativo Individualizado (PEI) o al Plan de Servicios (PS).
El cambio busca que, antes de autorizar cualquier terapia, el Comité de Programación y Ubicación (COMPU) valide que el servicio está vinculado a metas educativas y tiene un impacto observable en el aprendizaje.
Críticas por posibles limitaciones
Sin embargo, la nueva directriz ha provocado preocupación entre familias, organizaciones y profesionales de salud y educación, que denuncian que la política restringe servicios esenciales y “pone los ahorros presupuestarios por encima de los derechos de los estudiantes con diversidad funcional”.
En una convocatoria circulada por grupos multisectoriales, los portavoces anunciaron que se expresarán el miércoles frente a La Fortaleza, para exigir la eliminación inmediata de la política pública 006-2025-2026.
“Esta directriz administrativa contraviene disposiciones de la ley federal IDEA, leyes estatales y limita terapias indispensables”, sostienen las organizaciones, al tiempo que advierten que miles de estudiantes podrían quedar sin servicios que les permiten desarrollarse y mantenerse en el sistema escolar.
Los convocantes —entre ellos padres, educadores y defensores de derechos— reclaman que se reconsidere la medida y se abra un proceso de diálogo que incluya a la comunidad de diversidad funcional antes de aplicar cambios que puedan afectar la continuidad de los servicios.
Educación aclara: “No se eliminarán terapias educativas”
Ante las críticas, el Departamento de Educación emitió una declaración a Metro Puerto Rico en la que rechaza que la carta circular elimine servicios terapéuticos.
“La política pública no elimina servicios relacionados ni terapias educativas. Su propósito es definir con mayor precisión la diferencia entre los servicios que el Departamento puede ofrecer y aquellos tratamientos clínicos o médicos que corresponden a otras entidades o a los planes médicos de los estudiantes”, indicó la agencia.
Educación explicó que la medida busca fortalecer la coordinación interagencial y garantizar que cada estudiante reciba los apoyos adecuados según su necesidad, reafirmando el rol del COMPU como ente responsable de determinar los servicios necesarios para cada alumno.
El comunicado detalla que cada COMPU debe evaluar las recomendaciones de servicios o terapias considerando su vínculo directo con las metas del PEI, determinar si facilitan el desempeño académico, y basar sus decisiones en evidencia educativa y no exclusivamente clínica.
La agencia añadió que esta política no busca limitar apoyos, sino promover decisiones colaborativas, informadas y conforme a la Ley IDEA y al pleito de clase Rosa Lydia Vélez.
“El Departamento reafirma su compromiso con la inclusión, la equidad y la provisión de servicios educativos de calidad para todos los estudiantes con diversidad funcional. Reiteramos nuestro llamado al diálogo constructivo entre familias, profesionales y comunidades escolares”, concluyó la declaración oficial.
Nuevo marco práctico: lo que cubrirá y lo que no
La nueva política instruye a que todo servicio recomendado para un estudiante con necesidades especiales sea evaluado por el COMPU o por personal autorizado del PEE, con el fin de determinar si se trata de un servicio educativo o clínico.
Se considerarán servicios educativos aquellos que:
- estén directamente vinculados a metas del PEI;
- faciliten el acceso, la participación y el progreso escolar;
- se ofrezcan dentro del entorno educativo o con colaboración del personal escolar; y
- demuestren progreso observable o medible.
Por el contrario, se clasificarán como terapias clínicas aquellas que:
- sean recomendadas por un médico externo sin intervención del equipo escolar;
- se realicen fuera del plantel educativo;
- respondan a un diagnóstico médico general; o
- carezcan de evidencia de impacto académico.
Entre los ejemplos citados figuran psicoterapia por trauma familiar, terapia ABA intensiva en el hogar, evaluaciones neuropsicológicas con fines clínicos y terapia de disfagia médica.
En esos casos, las familias deberán ser orientadas para gestionar el servicio a través de su plan médico, el Departamento de Salud o la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
El Departamento anunció que desarrollará una guía de validación rápida y ofrecerá adiestramientos periódicos al personal regional y escolar. Estas herramientas incluirán ejemplos ilustrativos y criterios de análisis para evitar interpretaciones erróneas.
La agencia subrayó que la meta es optimizar el uso de fondos públicos, fortalecer la colaboración entre los equipos escolares y los terapeutas, y garantizar que cada dólar invertido responda a un objetivo educativo medible.
La política entra en vigor de inmediato y permanecerá activa hasta que la autoridad nominadora determine lo contrario.