El Comisionado Residente en Washington, D.C., Pablo José Hernández, visitó el Centro de Fortalecimiento Familiar ESCAPE en Gurabo, donde se reunió con estudiantes, maestras y familias afectadas por el cierre del gobierno federal.
Durante su visita, denunció la inacción en Washington y expresó su solidaridad con quienes han sido impactados por la suspensión temporal de programas esenciales.
Según se informó, a partir del 1 de noviembre, el centro Early Head Start de ESCAPE detendrá sus servicios debido a la interrupción de los fondos federales, dejando sin apoyo educativo y social a 125 familias —unas 372 personas— de la comunidad.
Además, 61 empleados, en su mayoría mujeres jefas de familia, se verán obligados a entrar en licencia sin sueldo, afectando su estabilidad económica y el bienestar de sus hogares.
ESCAPE ofrece desayuno y almuerzo a sus estudiantes, quienes provienen de familias de bajos recursos económicos y son beneficiarios del PAN. Sin las comidas que provee el centro ni el acceso de sus padres al PAN, ESCAPE ha observado un impacto significativo en el acceso de los niños a los alimentos.
“Un cierre del gobierno no es una idea abstracta—es un salón que se queda en silencio, un niño que se queda sin comida y una maestra que no cobra”, afirmó Hernández. “Centros como ESCAPE son pilares de nuestras comunidades, ofreciendo educación y apoyo donde más se necesita. No podemos permitir que decisiones políticas interrumpan una labor tan esencial.”.
El Comisionado señaló que, hasta la fecha, alrededor de 80 organizaciones comunitarias y sin fines de lucro en toda la isla han expresado su preocupación por el impacto potencial que tendría el cierre del gobierno federal en los servicios que ofrecen a la niñez, los adultos mayores y las familias de bajos recursos.
Hernández reafirmó su compromiso de impulsar soluciones bipartidistas que restablezcan los fondos y protejan los servicios esenciales en Puerto Rico, además exhortó al gobierno estatal a tomar medidas proactivas para mitigar el impacto sobre las familias y comunidades afectadas.
“Nuestra lucha no es solo contra un cierre de gobierno, sino contra un cierre de conciencia”, concluyó Hernández. “El gobierno federal y estatal tienen la obligación moral de garantizar que ningún niño en Puerto Rico pierda su educación o su cuidado por culpa de un impasse político”.