La confrontación entre LUMA Energy y el Gobierno de Puerto Rico dejó de ser una disputa técnica para convertirse en un choque frontal por la confianza pública.
Entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre de 2025, el operador de la red de transmisión y distribución anunció el despido de 160 empleados alegando falta de financiamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); el Negociado de Energía (NEPR) activó la alarma regulatoria y le dio 48 horas para demostrar que la reducción de plantilla no comprometerá la operación segura de la red; la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) remitió dos cartas formales con señalamientos de incumplimientos contractuales y reclamos de información financiera; y la Cámara de Representantes anunció una vista pública para que, bajo juramento, LUMA, AEE y el zar de Energía muestren sus números.
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El viernes de los despidos y el primer desmentido
El 17 de octubre, LUMA informó el recorte de cerca de 160 posiciones “en casi todos los niveles de la organización”. La empresa lo atribuyó a un patrón “crónico” de la AEE de retener el 70% de los fondos requeridos bajo el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA) desde enero, lo que —según su versión— habría “limitado severamente” la capacidad para operar y ejecutar proyectos críticos.
Horas más tarde llegó la primera estocada pública. El director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón Ortiz, calificó como “falsas y temerarias” las razones de la empresa. “El problema fiscal de LUMA es uno autoinfligido”, afirmó, y apuntó a un déficit estructural de $431 millones, tramitación incorrecta de $745 millones en reembolsos federales por huracanes y gastos ineficientes de alrededor de $500 millones en personal “seconded” de las matrices.
La AEE, por su parte, rechazó “categóricamente” que haya retenido pagos y acusó a la empresa de una campaña mediática para trasladar responsabilidades. “Este déficit de liquidez no es el resultado de fallas de la Autoridad, sino de fallas de LUMA en el cumplimiento con sus obligaciones… facturar, cobrar, mitigar pérdidas y tramitar oportunamente reembolsos federales”, sostuvo su directora ejecutiva, Mary Carmen Zapata. Recordó, además, que la compensación anual de la empresa ronda los $140 millones y aumenta automáticamente con la inflación.
El regulador prende la luz roja
Ese mismo día, el NEPR advirtió que una reducción no planificada y significativa de la fuerza laboral del operador es un “evento material” con potenciales consecuencias sobre la respuesta a interrupciones, el mantenimiento preventivo y la seguridad de la red. Le concedió 48 horas a LUMA para entregar un informe detallado que describa funciones del personal cesanteado, impacto operacional y medidas de mitigación. De no cumplir, anticipó sanciones administrativas y económicas.
Las cartas que cambiaron el marco de la discusión
El sábado 18 de octubre, la AAPP subió el tono con dos misivas dirigidas al presidente de LUMA, Juan Saca. En la primera, Josué Colón resumió hallazgos discutidos con la Junta de Supervisión Fiscal y Ernst & Young:
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- LUMA no ha reconciliado cerca de $750 millones en gastos fuera de presupuesto.
- Al menos 70,000 contadores no registran consumo, provocando pérdidas millonarias por energía no facturada.
- La narrativa de que el Gobierno retiene fondos “no se ajusta a la realidad”: “PREPA no está ocultando fondos. Ha transferido más de $900 millones por encima de los presupuestos aprobados de LUMA entre los años fiscales 2022 y 2025”.
La AAPP exigió a LUMA, a más tardar el 24 de octubre, un paquete de información: cuentas por pagar y cobrar, proyecciones de flujo de efectivo, compensaciones ejecutivas, gastos publicitarios, inventarios, pérdidas técnicas y no técnicas y un plan correctivo con medidas concretas para restablecer el cumplimiento del contrato. “El Gobierno no continuará subvencionando ni excusando incumplimientos contractuales, negligencia financiera o mala administración sistémica”, advirtió Colón.
En la segunda carta, la AAPP rechazó que carezca de autoridad para requerir información. Recordó el mandato integral de supervisión que surge de la Ley 120-2018, Ley 29-2009, Ley 17-2019 y Ley 57-2014, además del propio OMA. Si LUMA no entrega lo solicitado antes del 22 de octubre, el asunto se escalará como disputa técnica bajo el Artículo 15 del contrato. “Si LUMA persiste en rehusarse… ejerceremos todos los remedios disponibles”, concluye la comunicación.
La Cámara cita vista
Para completar el cerco institucional, el domingo 19 de octubre el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Víctor Parés, anunció que citará a Juan Saca (LUMA), Mary Carmen Zapata (AEE) y Josué Colón (AAPP) a una vista pública a celebrarse entre lunes o martes de la próxima semana. Les dio una semana para recopilar y traer los documentos de las transacciones en disputa. “Ese día sabremos quién miente”, sentenció. La Comisión ya ha realizado cuatro vistas e inspecciones sobre LUMA este año; esta sería la primera centrada en las transacciones económicas.
Parés recordó que, según testimonio previo, LUMA no tramita correctamente solicitudes de reembolso por Irma y María (2017) y Fiona (2022), y que persisten cuestionamientos sobre altas compensaciones ejecutivas. La cita legislativa, con comparecencia indelegable, añade presión para que las partes documenten con precisión sus alegatos.
Lo que se juega esta semana
La credibilidad de las narrativas en pugna —falta de pagos vs. mala administración— depende ahora de evidencia verificable. Tres hitos marcan la agenda inmediata:
- NEPR: evaluación del informe de 48 horas sobre el impacto de los 160 despidos y posibles medidas sancionatorias.
- AAPP: reloj corriendo hacia los plazos del 22 y 24 de octubre para la entrega de información y un plan correctivo; de no cumplirse, activación de mecanismos de disputa del contrato.
- Cámara: vista pública con declaraciones bajo juramento para dirimir —ante el país— quién sostiene su versión con documentos, depósitos, presupuestos y reembolsos federales.